La Legislatura de Chubut aprobó por abrumadora mayoría una ley que reemplaza a la normativa vigente sobre bosques nativos. La iniciativa, trabajada en conjunto por diputados oficialistas y opositores, deroga la anterior Ley XVII-143 y establece claras restricciones al dominio de tierras con bosque nativo en favor del interés público. Autoridades y expertos destacan que la norma pone fin a un vacío legal que frenaba la regularización de tierras e inversiones, a la vez que refuerza la protección ambiental y la seguridad jurídica en la provincia.
En la sesión ordinaria del jueves, la Legislatura provincial dio luz verde a la nueva Ley en base al Dictamen N.º 052/25 de Protección del Bosque Nativo con 26 votos afirmativos sobre 27, superando ampliamente la mayoría especial de cuatro quintos exigida por la Constitución de Chubut. La norma reconoce expresamente al Estado provincial como propietario de los bosques nativos e impone que cualquier propietario de un terreno con bosque nativo deba obtener autorización del Estado para intervenirlo o cambiar su uso, incorporando restricciones de interés público en cada título de propiedad.
El vicegobernador Gustavo Menna celebró la sanción y resaltó que esta ley “brinda seguridad jurídica, permite regularizar situaciones dominiales complejas y abre la puerta a inversiones que se frustraban por la indefinición legal”. El funcionario además elogió el amplio consenso político logrado como muestra de “madurez institucional” en torno a un tema sensible.
En la Legislatura de Chubut, la sesión que aprobó la nueva Ley de Bosques contó con un amplio respaldo político de distintos bloques. Los impulsores del proyecto pertenecen tanto al oficialismo (bloque Despierta Chubut) como a la oposición provincial (Arriba Chubut), evidenciando un inusual acuerdo transversal.
“Es la mejor ley que pudimos sacar con muchos acuerdos. El básico es que los bosques son del Estado Provincial; los bosques nativos son de todos los chubutenses”, afirmó la diputada Norma Arbilla (PJ).
También subrayó que la norma tiene una “mirada integradora del bosque como ecosistema”, recordando que “el bosque es mucho más que el árbol: es un ecosistema con flora y fauna que debemos preservar”.
📜 Los 10 puntos clave de la nueva ley
A continuación, un resumen de los principales artículos de la Ley N.º 052/25:
- Objeto (Art. 1): El bosque nativo es de dominio público provincial. Se impone una restricción de interés público al dominio privado sobre esas superficies.
- Alcance (Art. 2): Aplica a toda clase de dominio y propiedad (privada o pública) que contenga bosque nativo.
- Autoridad de aplicación (Art. 3): Será la Secretaría de Bosques del Chubut, que emitirá autorizaciones, inspeccionará y fiscalizará.
- Deslinde previo (Art. 4): Antes de cualquier venta o transferencia, deberá realizarse un deslinde técnico del bosque nativo.
- Restricción en los títulos (Art. 5): Es obligatoria una cláusula que indique la restricción por bosque nativo en cada título de propiedad. Su omisión puede generar nulidad.
- Actividades permitidas (Art. 6): Se habilitan tareas como inventarios, mediciones, estudios de flora/fauna/suelo, y cortafuegos, previa autorización.
- Listado abierto (Art. 6, final): La enumeración no es taxativa: se permiten otras acciones orientadas a la conservación ambiental.
- Validez de actos anteriores (Art. 7): Se ratifican títulos emitidos bajo decretos anteriores si cumplen con esta nueva ley.
- Derogación (Art. 8): Se deroga la Ley XVII-143, que había generado incertidumbre legal.
- Vigencia (Art. 9): Se ordena su comunicación al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Una respuesta a años de inseguridad jurídica
La nueva ley reemplaza a la Ley XVII N.º 143, vigente desde 2020, corrigiendo de fondo las dificultades que aquella había generado. La Ley XVII-143 se había sancionado en su momento para anular las polémicas ventas de tierras con bosque autorizadas por antiguos decretos provinciales (Nº 712/2004 y 74/2005) que permitían la transferencia de suelos con bosque nativo sin autorización legislativa. Si bien esa anulación frenó negocios inmobiliarios irregulares, también generó un problema de inseguridad jurídica: numerosos pobladores y propietarios no pudieron escriturar ni vender sus terrenos.
Incluso el Superior Tribunal de Justicia de Chubut exhortó al Poder Legislativo a dar una solución legal estable, tras fallos contradictorios sobre la validez de los títulos. Ante esta situación, el nuevo texto legal busca equilibrar el desarrollo territorial y la protección del ambiente.
“Hoy se está zanjando esa situación, no solo para los actos que generaron problemas jurídicos, sino para todas aquellas personas que durante décadas no han podido avanzar en sus títulos de propiedad”, afirmó la diputada Jacqueline Caminoa (UCR).
La nueva norma no flexibiliza la protección ambiental, sino que la fortalece dentro de un esquema jurídicamente sólido. Toda intervención sobre bosque nativo deberá contar con autorización estatal, respetar el ordenamiento territorial de bosques y ajustarse a criterios de conservación.
Incluso en casos de incendios forestales, el estatus de protección no se modifica: los terrenos afectados por fuego mantienen su categoría (rojo, amarillo o verde) y no pueden ser urbanizados, según explicaron legisladores y autoridades ambientales.
“La protección legal del bosque no desaparece por el hecho de que el área se haya incendiado”, aclaró Arbilla, anticipándose a especulaciones inmobiliarias.
Amplio respaldo institucional
Referentes políticos y organizaciones ambientales coinciden en que la provincia finalmente cuenta con un marco normativo claro, que permite al Estado actuar con firmeza para preservar el bosque, sin bloquear el desarrollo legal de la propiedad. El consenso político logrado en la Legislatura y el respaldo de organismos técnicos refuerzan el alcance y legitimidad de la norma.
Como sintetizó el vicegobernador Menna:
“Esta norma permite dar seguridad jurídica, regularizar la tenencia de la tierra y proteger al mismo tiempo el ambiente”.
Chubut, finalmente, cierra un largo ciclo de incertidumbre con una ley que apunta a proteger lo que es de todos: su patrimonio forestal.