La Comisión Directiva de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut presentó este jueves una denuncia penal contra todos los ministros del Superior Tribunal de Justicia, en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública.
Entre las acusaciones se encuentran: sobresueldos, pasajes aéreos adjudicados, contrataciones sin concurso, desplazamiento de empleados y decisiones administrativas no publicadas.
El texto, que consta de 49 páginas y está firmado por la vicepresidenta primera Ana Momo y los abogados Alfredo Pérez Galimberti y Raúl Heredia, remite la acusación por distintos delitos a los ministros Silvia Bustos, Camila Banfi, Javier Raidan, Andrés Giacomone, Ricardo Napolitani y Mario Luis Vivas.
En el texto expresan “abuso del poder conferido a los altos magistrados por la Constitución y por la Ley, quienes generaron beneficios de diferente clase para su usufructo personal, disimulando y ocultando los instrumentos legales que los convalidaban. A la vez, realizaron designaciones de funcionarios sin respetar los concursos exigidos explícitamente por la ley, incurriendo en un nepotismo evidente".
Respecto a los aumentos salariales, en el escrito expresan que “los/as ministros/as del Superior Tribunal de Justicia se auto asignaron adicionales a sus sueldos por fuera de los conceptos que establece la Ley de Porcentualidad”, aseguran.
Y aclaran: “Mediante el Acuerdo Plenario Nº 5412, del 18 de marzo de 2025, suscripto por los seis ministros/as, incluida la ministra Camila Banfi Saavedra, los magistrados determinaron para sí aumentos del 20%, incluyendo a los titulares de los Ministerios Públicos – que no participaron de ese Acuerdo- y adicionales del 15% por ciento para los vicepresidentes Banfi Saavedra y Napolitani, y 30% para el presidente del Cuerpo, Javier Raidán. En función de este acuerdo, además del incremento de los Acuerdos 5446 y 5468, el presidente aumentó su salario en un cincuenta por ciento (50%): los ministros Napolitani y Banfi en un cuarenta y cinco por ciento (45%), y los restantes tres ministros en un veinte por ciento (20%)”.
Si bien estos párrafos están incluidos en parte de la extensa denuncia, explica la Asociación de Magistrados por qué la presentación es de tipo “penal”. Argumentan que “en principio, la conducta del Presidente y de los ministros del Superior Tribunal se encontraría incursa en el tipo penal de Defraudación a la Administración Pública, mediante Administración desleal. Se trata de un delito especial, puesto que sólo puede ser cometido por el sujeto activo que haya tenido a su cargo la administración o el cuidado de bienes ajenos. Esto es precisamente lo que aquí sucede”, describieron.