La Justicia de Esquel ha iniciado el juicio oral contra el abogado Enrique Haroldo Paredes, acusado de tentativa de chantaje. La Fiscalía sostiene que Paredes habría exigido una suma de dinero a una colega y a su cliente, bajo la amenaza de presentar una denuncia que, según sus dichos, afectaría gravemente la vida del implicado.
Según la acusación, liderada por la fiscal María Bottini y la procuradora Cecilia Bagnato, el planteo no se trató de un acuerdo transaccional legítimo, ya que la legislación prohíbe este tipo de negociaciones cuando se vinculan con hechos en contexto de violencia de género. Por su parte, la defensa de Paredes argumenta que la objeción de la Fiscalía es de índole moral o ética, y que no constituye delito.
El hecho que motiva el proceso judicial tuvo lugar el 7 de febrero de 2024. Se registró un llamado telefónico de Paredes a una abogada, donde el imputado, en representación de una mujer, le exigió a la letrada que su cliente abonara entre cinco y seis millones de pesos. Caso contrario, Paredes manifestó que solicitaría una indemnización en el fuero de Familia por violencia de género y, de no ser exitoso, presentaría una denuncia por abuso sexual agravado.
En la conversación, Paredes habría proferido frases como que la denuncia "le arruinaría la vida" al cliente y que "va en cana seguro" con las pruebas que poseía, añadiendo que "con una buena lección, que le duela pagar lo que hizo, yo creo que va a hacer más que suficiente". La Fiscalía también subraya que Paredes mencionó sus 19 años de experiencia como policía, lo que habría incrementado la intimidación.
Ante la solicitud de la abogada para que exhibiera las pruebas, Paredes se negó, afirmando que las vería "cuándo hiciera la denuncia". Un mes después, el 4 de marzo de 2024, Paredes reiteró su propuesta mediante un audio de WhatsApp, insistiendo en la posibilidad de un arreglo antes de presentar la demanda.
Fundamentos de la acusación de ilegalidad
La Fiscalía y la querella particular afirman que fue el abogado Paredes quien propuso el arreglo económico, y no su clienta. Ambos coinciden en que la ley no contempla los acuerdos económicos como salida alternativa en casos de presunto abuso sexual. La tentativa de chantaje se concretó porque la abogada y su cliente decidieron no pagar y, en cambio, optaron por denunciar la situación ante la Fiscalía.
F.P