El proceso judicial finalizó con un sobreseimiento tras haberse aplicado el “criterio de oportunidad”, una figura legal que permite resolver conflictos penales sin llegar a juicio. La víctima y su familia participaron de las instancias previas y validaron la resolución. La Fiscalía, a cargo de Rosario Carballo aseguró que el imputado cumplió con todos los compromisos asumidos y no volvió a acercarse a la adolescente. La defensora oficial Paola Del Río, adhirió en todo.
Un tribunal penal de Bariloche resolvió declarar el sobreseimiento de un hombre que había sido imputado por un hecho de abuso sexual simple ocurrido en 2023, en una pequeña localidad de la Región Sur rionegrina.
La decisión fue adoptada luego de que se aplicara un criterio de oportunidad, una herramienta prevista por el Código Procesal Penal de Río Negro que permite, bajo ciertas condiciones, suspender el avance de una causa penal cuando se considera que el conflicto ha sido resuelto por otras vías. En este caso, la medida incluyó una reparación económica y una serie de compromisos de conducta, entre ellos, la prohibición de contacto con la víctima.
Según consta en la resolución judicial firmada por el juez Marcos Burgos, el hecho ocurrió en julio de 2023. El imputado fue acusado de realizar tocamientos indebidos a una adolescente de 14 años, en el interior de un vehículo y en un contexto de confianza familiar. Luego del hecho, también le habría ofrecido dinero a la joven para asegurar su silencio.
La Fiscalía calificó inicialmente el episodio como abuso sexual simple, un delito previsto en el artículo 119 del Código Penal. Tras formular los cargos, se inició un proceso de negociación con la defensa y con la familia de la víctima, que desembocó en una solución alternativa al juicio oral.
El acuerdo, alcanzado en diciembre de 2024, fijó un plazo de seis meses para el cumplimiento de las condiciones: el acusado debía mantenerse alejado de la víctima y su entorno, prometer no volver a hacerlo, y abonar una reparación económica de 300 mil pesos, dividida en dos cuotas. Según la Fiscalía, todos estos compromisos fueron cumplidos.
Durante el período de cumplimiento, el imputado no volvió a tener contacto con la adolescente ni con su familia, lo que fue ratificado por la propia víctima y su padre en instancias posteriores. También se verificó que no registraba antecedentes penales ni nuevos delitos cometidos.
Dado que todas las condiciones fueron acreditadas como cumplidas, el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente el sobreseimiento definitivo del imputado, entendiendo que el conflicto penal había sido resuelto de manera satisfactoria. La defensa adhirió al pedido, y el juez Marcos Rafael Burgos resolvió extinguir la acción penal y archivar el expediente.
El caso no afectará el buen nombre del acusado, según establece el fallo. La resolución judicial se enmarca en los principios constitucionales que permiten al Ministerio Público Fiscal disponer del ejercicio de la acción penal cuando se considera que no existen razones para continuar con el proceso.