Cumpliendo con el anuncio realizado durante un acto en Mar del Plata, el presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para habilitar el tratamiento legislativo de la baja de la edad de imputabilidad.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el mandatario junto a su vocero y actual ministro, Manuel Adorni. Según el texto, se incorpora a la agenda parlamentaria la discusión de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil durante el período de sesiones extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026.
“El que las hace las paga”, había sentenciado horas antes el Presidente ante militantes y simpatizantes en la esquina de Güemes y Avellaneda, donde lanzó una de sus consignas más contundentes: “Delito de adulto, pena de adulto”. El decreto le dio ahora respaldo legal a ese anuncio político.
El proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso es impulsado por los ministerios de Seguridad y Justicia y propone modificar el régimen penal juvenil vigente desde la última dictadura militar. La iniciativa busca reducir el piso de punibilidad, actualmente establecido en los 16 años, para permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados bajo un nuevo esquema legal.
Desde el Gobierno reconocen que la discusión no es nueva y que venía madurando desde hace semanas. El texto toma como base una iniciativa que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados en mayo de 2025, elaborada en el ámbito del Ministerio de Justicia por la Secretaría de Justicia, a cargo de Sebastián Amerio, en coordinación con áreas técnicas de política criminal y legislación.
Si bien el proyecto ya contaba con aval técnico, en Casa Rosada confirmaron que se introdujeron modificaciones al articulado para adecuarlo a la estrategia política del oficialismo y facilitar su tratamiento parlamentario. En paralelo, la reforma integral del Código Penal —que también contempla la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años— quedó postergada para el inicio del período ordinario de sesiones, previsto para el 1° de marzo.
En diciembre pasado, la intención del Ejecutivo era avanzar de manera conjunta con ambas iniciativas, pero la prioridad otorgada a la Reforma Laboral postergó el debate penal. Sin embargo, el impacto del caso de Jeremías Monzón, el joven de 15 años torturado y asesinado en la provincia de Santa Fe, volvió a instalar con fuerza la discusión pública sobre la responsabilidad penal juvenil y aceleró la decisión oficial de llevar el tema al Congreso durante las extraordinarias.
La inclusión del Régimen Penal Juvenil en la agenda legislativa anticipa un debate intenso, con posiciones encontradas tanto dentro como fuera del Parlamento, en uno de los temas más sensibles de la agenda política actual.
R.G.