El Día Internacional de la Mujer de este año pone el foco en la urgente necesidad de transformar los sistemas de justicia globales, que actualmente se encuentran bajo una presión extrema debido a conflictos, represión y tensiones políticas. Estos factores están debilitando el estado de derecho y dejando a millones de mujeres y niñas en una situación de vulnerabilidad jurídica extrema. Los datos revelan una brecha alarmante donde la igualdad sigue siendo una promesa incumplida, pues en gran parte del mundo las mujeres enfrentan barreras económicas, sociales y culturales para denunciar abusos o reclamar sus derechos básicos.
La realidad actual muestra que la justicia no es equitativa, ya que los altos costos de asesoramiento, la falta de transporte o el miedo a no ser creídas mantienen a las mujeres fuera de los sistemas de protección. En contextos de conflicto, esta situación se agrava drásticamente, permitiendo que los agresores actúen con total impunidad mientras las víctimas quedan silenciadas. Por ello, la movilización de este año busca ir más allá de las palabras para exigir leyes concretas que definan delitos como la violación por falta de consentimiento, garanticen la igualdad salarial y prohíban definitivamente el matrimonio infantil.
Para que los derechos humanos dejen de ser simples declaraciones en papel y se conviertan en poder real para las mujeres, es indispensable financiar y construir infraestructuras legales inclusivas. Esto implica crear tribunales que escuchen a todas las sobrevivientes sin prejuicios y ofrecer asistencia jurídica gratuita y accesible. La justicia se define hoy como el pilar fundamental para alcanzar la paridad, por lo que el llamado a la acción insta a los gobiernos y a la sociedad civil a respaldar activamente los movimientos feministas que luchan por un mundo donde la ley proteja verdaderamente a todas las personas por igual.
E.B.W.