Una serie de fallecimientos asociados al uso indebido de propofol, un anestésico intravenoso de uso exclusivo en ámbitos hospitalarios, llevó a la presentación de un proyecto de ley en el Congreso nacional que busca endurecer los controles sobre esta sustancia y evitar su desvío fuera del sistema sanitario.
La iniciativa, encabezada por la diputada Silvana Giudici, plantea incorporar el propofol al listado de Medicamentos de Alto Riesgo de la ANMAT, lo que implicaría mayores exigencias de control, trazabilidad y registro dentro de hospitales, clínicas y laboratorios. Además, establece la obligación de informar de manera inmediata cualquier pérdida, robo o evento adverso vinculado al fármaco.
Según los fundamentos del proyecto, actualmente no existen criterios uniformes para reportar faltantes o situaciones habituales como roturas de ampollas o descartes, lo que dificulta detectar irregularidades y auditar correctamente los stocks. A esto se suma un factor clave: el propofol no cuenta con un antídoto capaz de revertir sus efectos en caso de sobredosis, lo que incrementa su peligrosidad.
“Las recientes muertes vinculadas al uso de propofol como droga recreativa encendieron una alarma que no puede ser ignorada”, advirtió Giudici, quien también señaló la necesidad de reforzar los controles internos en clínicas y hospitales para evitar el robo de anestésicos.
El debate tomó mayor impulso tras el caso del anestesiólogo Alejandro Zalazar, hallado muerto en febrero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires con una vía intravenosa y drogas de uso hospitalario. La investigación judicial apunta al desvío sistemático de sustancias como propofol y fentanilo desde el Hospital Italiano y a su posible consumo en ámbitos clandestinos.
El proyecto también dispone que el uso del propofol quede estrictamente limitado a instituciones autorizadas, bajo sistemas de seguridad, almacenamiento restringido y acceso exclusivo a personal habilitado. Asimismo, prevé sanciones para quienes incumplan con las obligaciones de control o encubran irregularidades.
La propuesta, respaldada por más de veinte legisladores, deberá ser tratada en la Comisión de Salud antes de avanzar en el Congreso. Sus impulsores sostienen que la normativa permitirá establecer por primera vez reglas claras y unificadas para supervisar el uso de este anestésico y reducir riesgos tanto para pacientes como para el sistema sanitario.