Uruguay ha dado un paso trascendental en materia de derechos humanos y salud pública al realizarse, en las últimas horas, la primera eutanasia legal en el país. El procedimiento, que tuvo lugar en el Hospital Policial de Montevideo, fue aplicado a una mujer de 69 años que atravesaba un cáncer de páncreas en estado terminal, con metástasis pulmonar, renal y hepática avanzada.
La paciente, quien había tomado la decisión de acceder a la muerte digna desde el mes de enero, se encontraba internada desde hace diez días y pudo transitar sus últimas horas acompañada por uno de sus seis hijos.
Este hecho es posible gracias a un camino legislativo que comenzó en octubre de 2025, cuando el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Muerte Digna. El proceso se completó el pasado 21 de abril de 2026, fecha en la que el presidente Yamandú Orsi reglamentó la norma, otorgando finalmente el marco legal necesario para su aplicación efectiva en todo el sistema sanitario.
La legislación uruguaya, pionera en América Latina, establece criterios estrictos para garantizar la autonomía y la protección del paciente. Entre los requisitos indispensables, la ley exige que el solicitante sea mayor de edad, ciudadano o residente en el país y que cuente con plena capacidad psíquica para tomar la determinación. Asimismo, la práctica queda reservada exclusivamente para quienes padecen una enfermedad terminal e incurable, la cual debe provocar al paciente sufrimientos que este considera insoportables.
Con la concreción de este caso, Uruguay se suma a un selecto grupo de naciones a nivel global donde la eutanasia es un derecho reconocido, compartiendo este estatus con países como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, España, Nueva Zelanda y Portugal. El suceso no solo representa una respuesta institucional ante el dolor terminal, sino que marca un cambio de paradigma en el debate sobre la autonomía personal y el acompañamiento al final de la vida en el continente.
M.G