RED43 sociedad Súper RIGI
28 de Mayo de 2026
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El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto del Súper RIGI para empresas

El Ejecutivo busca sancionar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, con beneficios fiscales y cambiarios para atraer capitales tecnológicos superiores a los u$s 1000 millones. 

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El proyecto de ley diseñado por la administración central llegó formalmente al Palacio Legislativo en las últimas horas para su debate en la Cámara de Diputados. A diferencia del régimen aprobado en la Ley Bases, este esquema está enfocado en actividades como la inteligencia artificial, la biotecnología, la producción de semiconductores, baterías de litio, data centers y la industria del hidrógeno.

 

La propuesta oficial establece una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15 por ciento para las firmas adheridas, además de la amortización de las inversiones y la deducción de quebrantos impositivos sin límite de tiempo. Asimismo, se contempla la devolución del IVA a través de certificados fiscales y una modificación en las cargas sobre los dividendos y las utilidades.

 

En materia de comercio exterior y divisas, la iniciativa prevé un esquema de arancel para las importaciones de bienes de capital y la exención de derechos de exportación. Al mismo tiempo, se dispone la disponibilidad progresiva de los dólares generados por las ventas externas, partiendo de un 20 por ciento el primer año, un 40 por ciento en el segundo y alcanzando el 100 por ciento a partir del tercer año.

 

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se refirió al alcance de la medida durante la presentación de los lineamientos ante la prensa y detalló el volumen de capitales que se proyecta para el sector productivo. Estamos hablando de una inversión que puede ser de 20 mil o 30 mil millones de dólares, precisó el funcionario respecto a las estimaciones de la administración central.

 

El proyecto de ley fija un plazo de estabilidad regulatoria, tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años. Como condición regulatoria, el texto exige que las corporaciones completen la inversión del 20 por ciento del monto total comprometido durante los primeros dos años de vigencia del beneficio.

 

La propuesta incluye también regulaciones sobre los gravámenes de carácter provincial y municipal. De este modo, las jurisdicciones que decidan adherirse a la normativa nacional tendrán un tope del 0,5 por ciento para el cobro de Ingresos Brutos y no podrán aplicar tasas municipales calculadas sobre las ventas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

 

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