Con el objetivo de profundizar el control del armamento en manos de particulares y fomentar la responsabilidad ciudadana, el Gobierno Nacional oficializó la puesta en marcha de un régimen especial de regularización de armas de fuego. La medida, instrumentada bajo la Ley 27.805, ofrece una vía legal para que los poseedores de armas de uso civil o condicional normalicen su situación sin riesgos penales ni administrativos.
El sistema estará operativo durante un plazo de 360 días, cuya vigencia comenzará a correr 30 días después de la publicación de la normativa en el Boletín Oficial. A partir de ese momento, los ciudadanos podrán presentarse ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para formalizar la tenencia de sus dispositivos.
El proceso incluye los siguientes puntos clave:
-
Verificación técnica: La ANMAC realizará un examen del armamento para su correcta identificación e incorporación al Banco Nacional Informatizado de Datos.
-
Regularización del usuario: Quienes no cuenten con la credencial de legítimo usuario deberán tramitarla obligatoriamente como requisito esencial para completar la legalización.
-
Inmunidad legal: Los solicitantes estarán exentos de sanciones por tenencia ilegal (contemplada en el artículo 189 bis del Código Penal) o multas administrativas. Esta protección aplica siempre que el poseedor no registre imputaciones judiciales previas por delitos vinculados a dicha arma.
Además de promover la inscripción formal, la nueva ley refuerza el compromiso del Estado con la seguridad pública mediante la información y la prevención. La normativa instruye a la ANMAC a difundir activamente los riesgos que implica la presencia de armas en los entornos domésticos.
En paralelo al régimen de regularización, el país mantiene operativo el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Esta alternativa está destinada a aquellos ciudadanos que, en lugar de registrar el material, prefieran desprenderse de él de manera segura, anónima y sin consecuencias legales.
En los próximos días, el Gobierno llevará a cabo campañas de comunicación masiva para instruir a la población sobre los pasos a seguir. Esta medida se suma a los esfuerzos estatales por reducir la circulación irregular de material bélico y fortalecer el sistema de control sobre la tenencia responsable en el ámbito privado.