El Congreso debatirá la prórroga de la ley antes de diciembre. Familias y prestadores alertan por aranceles desfasados y pagos a 90 días que interrumpen terapias, traslados y atención médica.
La continuidad de tratamientos, traslados y apoyos para personas con discapacidad vuelve al centro del debate en el Congreso de la Nación. Se busca definir la prórroga de la ley de emergencia del sector antes de su vencimiento en diciembre, en medio de la preocupación de familias, profesionales e instituciones por los atrasos en los aranceles y las demoras en los cobros.
La problemática radica en el nomenclador oficial, que fija los valores de cobertura para terapias, escuelas especiales y centros asistenciales, cuyos montos quedaron desfasados frente a la inflación. A esto se le suman los plazos de cobro que afrontan los prestadores y transportistas, los cuales oscilan entre los 30, 60 y hasta 90 días posteriores a la facturación de las prestaciones.
Esta situación financiera provoca un impacto directo en los servicios. Diversas instituciones redujeron su funcionamiento o cerraron sus puertas, mientras que muchas familias sufren la interrupción o baja en la frecuencia de los tratamientos de sus hijos. El transporte adaptado es uno de los puntos más críticos, sumado a las trabas en la entrega de medicamentos, insumos y sillas de ruedas.
En el Congreso, los legisladores analizan extender la vigencia de la norma para sostener la cobertura actual y evitar un vacío legal a fin de año. Quienes impulsan la prórroga remarcan que no se trata de generar un gasto nuevo, sino de actualizar por inflación los recursos asignados al sistema.
"El nomenclador no se actualiza. Lo que se está discutiendo más que nada es la necesidad de prorrogar la norma. Esto es prioritario para quienes necesitan atención continua, donde la reducción de los tratamientos produce daños que no se recuperan", sostuvo la analista María Migliore sobre el debate parlamentario.
Durante las reuniones de comisión, se remarcó además la necesidad de mantener controles e inspecciones sobre la facturación sin que ello paralice el financiamiento de los servicios básicos. El debate continuará en las próximas semanas para evaluar las iniciativas planteadas y dar respuesta a los reclamos del sector.