Una empresa chilena creó un megabasurero de residuos mineros en suelo argentino

Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente contaminante, en el que arrojó unas 55 millones de toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52 hectáreas sanjuaninas, donde, según un estudio privado, ya arrasó con algunas lagunas, secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada, pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
La historia empezó en 2004, cuando el gobierno chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88 que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011 salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta, actualmente en manos de la minera suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la que reclamó la “mudanza” del botadero a Chile, la remediación ambiental y el pago de un “canon” en concepto de alquiler. Les respondieron que el reclamo era “oportunista”.
El fundamento legal de la defensa de Antofagasta Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago Gallo no avanzó.
Poco antes de que Glencore presentara la denuncia penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams, que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían pedidos a los que no debería haber accedido.
Primero, le pidió un certificado que reconozca que Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el conflicto como “un tema entre empresas particulares”.
En segundo lugar, le solicitó los resultados de un peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera, además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS, contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los resultados al Gobierno. Aun así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al estudio como un peritaje estatal.
Todo terminó con un sumario interno y la salida del jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10% de su sueldo. La sacó barata.
Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que, si bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.
Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que, si no se hace nada, se va a terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.

Fuente Infobae