La Justicia porteña dictó la nulidad de la resolución del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), que habilitaba a las inmobiliarias a cobrar comisiones superiores al 4,15 por ciento de los contratos de alquiler, se informó.
El fallo avaló la medida cautelar que había prohibido cobrar comisiones superiores al 4,15 por ciento de los contratos de alquiler, resuelta por el Cucicba en mayo último.
“La medida tiene un impacto enorme. En la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires alquilan más de 900 mil personas, es decir, un tercio de la población. El precio de un alquiler promedio es de 8.000 pesos, por lo que estimamos que el impacto económico del fallo superaría el millón de pesos al año”, indicó Sebastián Pilo, Co-Director de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia).
La Justicia añadió que los corredores inmobiliarios tampoco podrán cobrar comisiones “que excedan el tope citado, bajo el rubro de ‘gastos’ u otros conceptos similares en relación con los contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda única”
En mayo último, el tribunal había dictado una medida cautelar ordenando la suspensión “de la resolución 350/CUCICBA/16, inciso 3, punto a) de su artículo 1 que habilitaba a las inmobiliarias al cobro de dos meses de comisión” en los contratos de alquiler para vivienda única, hasta tanto se resolviera la “cuestión de fondo”.
Para Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados sostuvo que “es la primera victoria de los inquilinos sobre el mercado inmobiliario”.
“Hemos quebrado una lógica de impunidad, inaugurando así la voz de un sector que ha decidido ser protagonista en su derecho a vivir en la ciudad de forma digna, justa y equitativa. Es el comienzo del camino para alquilar de forma justa en la ciudad de Buenos Aires”, sostuvo.
En el fallo, la Justicia instó además al Cucicba a que en el plazo de treinta días “implemente un plan para el control efectivo sobre el cobro de aranceles por parte de los corredores inmobiliarios”; “confeccione un plan integral para la difusión pública del monto máximo”, y “elabore un plan a los efectos del control respecto de sus matriculados”.
Finalmente, en caso se dispusieron multas de entre $ 5.000 y $ 20.000, según el tipo de incumplimiento. (Télam)
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