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23 de Noviembre de 2024
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Corrupción: Comienza el juicio por el caso "Ñoquis Calientes"

El lunes 25 de noviembre inicia el juicio por corrupción conocido como "ñoquis calientes", donde la exministra Cecilia Torres Otarola y otros seis imputados enfrentan acusaciones de fraude y mal uso de fondos públicos.

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El próximo lunes 25 de noviembre iniciará el juicio oral y público contra siete imputados en la causa judicial conocida como "ñoquis calientes". Entre los acusados se encuentra la exdiputada provincial y exministra de Familia, Cecilia Torres Otarola, quien enfrentará cargos por corrupción y mal manejo de recursos públicos. Junto a ella, serán juzgados Branco Rodero Neira, Facundo Solari Rodera, Marta Rodera, Miguel Reto Reyes, Silvana Cañumil y Jaquelina Rodera.

 

El caso involucra presuntos actos de fraude en la administración pública. Según la acusación, Torres Otarola habría forzado el retorno de parte de los sueldos de empleados que ella misma habría introducido en la Legislatura provincial como asesores, sin que realizaran tareas en su cargo. Durante su gestión al frente del Ministerio de la Familia, la exfuncionaria habría designado a personas cercanas a ella en cargos de alto rango, pese a que no residían en la zona ni prestaban los servicios correspondientes al Estado.

 

El juicio, que se llevará a cabo en la Oficina Judicial de Rawson, tiene como fiscal a Omar Rodríguez, titular de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Administración Pública (UFEDAP). El tribunal estará compuesto por los jueces Carlos Richieri, José Luis Ennis y Marcela Pérez Bogado.

 

Cargos y penas solicitadas

Cecilia Torres Otarola enfrenta varias imputaciones por fraude a la administración pública, concusión e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En total, se le atribuyen ocho hechos delictivos, tres por concusión y cinco por fraude. La Fiscalía solicitó que la pena para la exministra no sea inferior a cuatro años de prisión efectiva, más la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el mismo plazo.

 

Por su parte, el resto de los imputados enfrenta cargos de fraude a la administración pública, siendo algunos acusados como partícipes primarios y otros como secundarios. Las penas solicitadas son las siguientes:

 

  • Jaquelina Rodera: Tres años de prisión en suspenso y la misma duración de inhabilitación especial para cargos públicos.
  • Marta Rodera y Facundo Solari Rodera: Dos años de prisión en suspenso y la inhabilitación correspondiente.
  • Miguel Ángel Reto Trelles: Dos años de prisión en suspenso.
  • Silvana Adriana Cañumil: Tres años de prisión.

 

O.P

 

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