1.825 días. Un asesino. Una víctima. Son solo algunos de los números en torno a uno de los casos más relevantes registrados en el último tiempo en la provincia de Santa Cruz, reflejo de una serie de inconexiones, negligencias y errores del Poder Judicial para resolverlo.
Por acción u omisión, un femicida sigue libre y, desde hace cinco años, pudo o no haber cometido nuevos delitos, ya que ni las fuerzas de seguridad ni la Justicia tuvieron la perspicacia o la experticia para identificarlo, representando un potencial riesgo para toda la comunidad.
Zulma Malvar, la médica que en la mañana del 18 de julio de 2019 debía llegar al hospital de Puerto San Julián, nunca llegó. Horas antes, fue atacada por una persona cuya identidad sigue siendo una incógnita. Un asesinato “perfecto” porque el femicida continúa en libertad a pesar de haber dejado una escena del crimen con manchas de sangre de la víctima tanto en el interior de la casa como en el patio trasero, donde finalmente fue hallada.
Como si se tratara de una bomba que cae en el mar, la noticia generó una onda expansiva que tuvo su epicentro en la ciudad portuaria, extendiéndose por toda la provincia y, posteriormente, a todo el país.
Zulma era la única obstetra en la localidad, y había traído al mundo a cientos de integrantes de la comunidad, pero, de un momento a otro, nadie supo quién le había arrebatado la vida de manera tan violenta.
Siempre, al cierre de la segunda semana de julio comienza el receso invernal en el Poder Judicial. En 2019, el juez Ludovico Pio Pala, a cargo del Juzgado de Instrucción Penal de la localidad, se había tomado unos días, y la sede judicial quedó subrogada en manos de Anahí Patricia Mardones. Esta fue una de las quejas que mantiene hasta hoy la familia de Zulma, ya que la magistrada “no estuvo a la altura”, tal como indicó alguna vez Alejandro Jodar, hijo de la víctima, en declaraciones periodísticas.
Desde un principio, algunas cosas se hicieron mal. La escena del crimen fue contaminada. Un sinfín de personas ingresaron a la casa de Zulma, generando nuevas huellas que pudieron alterar las pruebas. Entre curiosos, preocupados y hasta morbosos, estuvieron en el domicilio donde ocurrió el hecho. Incluso, entre ellos había un hombre, compañero de Zulma en el hospital, principal señalado por la familia como presunto autor, que fue investigado y actualmente se encuentra en la provincia de donde es oriundo.
Al sujeto le habían iniciado una causa por haber tomado fotos con su teléfono celular, y según su defensa, lo hizo para pasárselas al fiscal Alejandro Victoria, que también estaba en la casa.
La Policía también tuvo un rol preponderante en la investigación. Desde no haber resguardado la escena del crimen, hasta no haber obtenido resultados significativos con la comisión especial que había viajado desde Río Gallegos para realizar un informe sobre los posibles sospechosos. Hasta el día de hoy, los seres queridos de la víctima indican que el juez “cajoneó” ese informe durante meses. ¿Por qué? Nadie tiene esa respuesta.
En esos días convulsionados, un equipo interdisciplinario se ofreció para colaborar en la investigación del crimen. Este equipo de profesionales, integrado por ex magistrados, peritos, médicos y ex comisarios, se sumó bajo la figura procesal de “Amicus Curiae” (participación de un tercero en un proceso judiciale) para intentar ponerle un rostro y un nombre al femicida de Zulma. El equipo estaba encabezado por el recordado abogado Carlos Muriete.
Como dato, el letrado dijo que sabía la identidad del asesino, pero nunca pudo revelarla. Meses después, llegó la pandemia de Covid-19 y Muriete falleció en febrero de 2021 por ese virus, llevándose el secreto a la tumba. Con la figura con la que estaba presente el equipo, no podían acusar, sino solo acompañar y aconsejar a la querella.
Tal como lo dicen los especialistas, las primeras 48 horas después de conocido un crimen son fundamentales para resolverlo. Con el paso del tiempo, el autor puede estar en la otra punta del país y las evidencias pueden perderse. Tiempo que pasa, verdad que huye.
Uno de los puntos más importantes para achicar el círculo de sospechosos es que la puerta delantera de la casa de Zulma no presentaba indicios de un ingreso forzoso. Es decir, ella conocía a la persona que momentos después le quitaría la vida y no se trataba de un robo, ya que tampoco había faltantes de valor.
Como se mencionó anteriormente, las pruebas podían desaparecer. La casa frente a la de Zulma tenía cámaras de seguridad y una de ellas apuntaba a la morada de la víctima. Ese registro fílmico nunca fue recuperado.
La familia vivió un calvario. Recluidos en sus casas, eran señalados por el pueblo como los responsables de la muerte. Entre ellos estaba Alejandro Jodar, quien, tras haber accedido a que le tomaran una muestra de ADN, se supo que no coincidía con ninguna de las pruebas encontradas en la escena del sangriento crimen. Aquí comenzó una segunda etapa del caso.
La causa no está archivada, sino que, coloquialmente, está “suspendida” hasta que surjan nuevos indicios. Lo último en lo que avanzó la querella fue el pedido de una muestra de ADN del sospechado de haberle quitado la vida a Zulma. El señalado accedió y envió una muestra desde Mendoza, pero los resultados fueron negativos. Pese a eso, la familia expresó que la cadena de custodia falló y pidió impugnar esa resolución.
El tiempo pasa, pero San Julián no olvida. Alejandro Jodar dijo: “El jueves (por hoy) serán cinco años sin Zulmita. Pareciera que fue ayer esa última merienda en su casa. Todo esto es como un mal sueño y el tiempo solo es una ilusión que se desvanece poco a poco”.
Fuente: LOA