Luego de la primera sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Esquel en 2025, el concejal Martín Escalona expresó fuertes críticas hacia el Ejecutivo Municipal y su relación con el Concejo, al que calificó como un "apéndice del Poder Ejecutivo", sin capacidad de control real. Escalona denunció hostigamiento hacia las instituciones locales, señalando una doble moral por parte de la gestión municipal.
La controversia con la sede del barrio Bellavista
Escalona se refirió en particular a la controversia sobre el uso indebido de la sede vecinal del barrio Bella Vista, donde se celebró un evento fuera del horario permitido por la normativa municipal. Sin embargo, Escalona dejó claro que la responsabilidad no recaía sobre la Junta Vecinal, sino sobre el tercero que utilizó el espacio. “Sería tan absurdo como culpar a un periodista por prestar un micrófono a alguien con posturas extremistas, cuando no es él quien está haciendo la declaración”, argumentó el concejal.
El conflicto, que comenzó con una denuncia de infracción presentada por el Ejecutivo, fue rápidamente tratado por el Concejo Deliberante, lo que llamó la atención de Escalona y de los demás concejales de la oposición. El tratamiento en la Comisión de Legales se realizó de manera urgente, lo que generó sospechas de que el tema estaba siendo impulsado con rapidez por parte del Ejecutivo, algo que Escalona consideró una estrategia para presionar a la Junta Vecinal.
Persecución
Escalona también apuntó contra el Ejecutivo Municipal por lo que consideró un hostigamiento a las organizaciones vecinales, que incluyen no solo la sede del barrio Bella Vista, sino también a los comedores sociales.
El concejal mencionó que se había solicitado a los responsables de estos comedores que cesaran con sus reclamos, una situación que fue observada por los miembros de la oposición y que preocupó a los vecinos. Según Escalona, el Ejecutivo estaba utilizando tácticas de presión para silenciar las voces disidentes.
Doble moral
Además de las acusaciones de persecución, Escalona subrayó lo que consideró una "doble moral" del Gobierno Municipal. Mientras se aplican sanciones rigurosas a las organizaciones vecinales, el concejal denunció que otras instituciones privadas, como las empresas Movistar y Carao, no enfrentan las mismas restricciones a pesar de incumplir las normativas locales.
Escalona recordó que el Concejo Deliberante tardó meses en intervenir en estos casos, lo que evidenció, según él, la falta de acción del Ejecutivo ante el incumplimiento de regulaciones ambientales y urbanísticas por parte de estas empresas.
“En el caso de Movistar y Carao, no hubo ningún tipo de intervención efectiva por parte del Ejecutivo, que no actuó hasta que se presentó la documentación que probaba el incumplimiento. Mientras tanto, las juntas vecinales y organizaciones sociales enfrentan una persecución constante”, añadió Escalona.
O.P