Un caso de abusos dentro de la Policía de Tucumán desató conmoción en la provincia y generó escándalo en el ámbito policial. Una serie de denuncias anónimas revelaron que detenidos eran obligados a trabajar en la vivienda particular de un alto jefe policial, lo que derivó en sanciones inmediatas, provocando la caída de los máximos responsables de la Unidad Regional Norte y un fuerte operativo judicial.
Según se supo, todo comenzó con llamados al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, que alertaron sobre la presencia de presos trabajando también junto a algunos efectivos en la propiedad de Gustavo Beltrán, jefe de la U.R. Norte.
Por lo tanto, ante la gravedad de la denuncia, el ministro informó al gobernador Osvaldo Jaldo y ambos recurrieron a la fiscala de Estado, Gilda Pedicone, para esclarecer los hechos.
De esta manera, Beltrán y su segundo, el comisario Sergio Juárez, fueron separados de la fuerza mediante un decreto que destacó que sus “conductas son incompatibles con la función policial y afectan gravemente la confianza de la sociedad”. La decisión implica que ambos no podrán jubilarse temporalmente y marca una sanción directa y ejemplar.
Según la investigación, al menos cuatro detenidos habrían sido obligados a trabajar periódicamente en la construcción de la casa, siendo trasladados en patrulleros y supervisados por efectivos que también trabajaban en la obra, aunque debían estar cumpliendo sus funciones habituales.
Entre los presos implicados se encuentran personas condenadas por delitos graves, lo que agrava la irregularidad, ya que la Corte Suprema de Justicia establece que todos los penados deben permanecer en cárceles provinciales.
El jefe de Policía, Joaquín Girvau, advirtió que “en estos casos no aplica la obediencia debida” y que los responsables deberán responder penalmente. La fiscala Mariana Rivadeneira ordenó la detención de Beltrán, mientras que Juárez se presentó espontáneamente ante la Justicia y entregó su celular como parte de la investigación.
El decreto 3.407 del Ministerio de Seguridad confirmó la materialidad de los hechos y la responsabilidad disciplinaria de los agentes involucrados, calificando la baja como la respuesta adecuada frente a la gravedad del caso.