El Senado de Mendoza, en una jornada legislativa cargada de controversia, aprobó un crucial paquete de cuatro proyectos de ley que marcan el retorno de la minería metalífera a la provincia, una actividad que había permanecido congelada por más de catorce años. Este avance, impulsado por el gobierno de Alfredo Cornejo bajo promesas de generar empleo y desarrollo económico, se concretó en medio de una masiva y enérgica protesta social. Miles de asambleístas ambientales y ciudadanos autoconvocados se movilizaron desde diversas localidades, alertando sobre el riesgo que esta explotación representa para la escasez hídrica que padece la provincia, con la consigna unánime de defender el agua.
El proyecto de mayor envergadura es la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PSJ Cobre Mendocino, un emprendimiento clave en Uspallata. Este proyecto se posiciona como el primero en recibir el aval legislativo bajo las nuevas condiciones, y tiene el potencial de reactivar la producción de cobre en Argentina, con una inversión multimillonaria estimada. Si bien la propuesta se ajustó a las exigencias de la Ley 7722 al descartar el uso de químicos prohibidos para la lixiviación, centrándose en la flotación del mineral, sectores técnicos de la UNCuyo y las propias asambleas ambientalistas expresaron su preocupación sobre la garantía de la tutela del recurso hídrico, crucial en la cuenca del Río Mendoza.
Complementando esta apertura, se dio el visto bueno a la DIA de Malargüe Distrito Minero Occidental II, lo que permite la fase de exploración en una vasta zona del sur provincial que alberga numerosos yacimientos. Para asegurar el control y el beneficio económico local, la Legislatura sancionó dos instrumentos fundamentales: el Régimen de Regalías Mineras, que establece el mecanismo de recaudación y distribución de los ingresos por la extracción, asegurando que una parte de estos fondos se dirija a los municipios adheridos con fines de infraestructura social y productiva; y la creación del Fondo Compensador Ambiental, diseñado para financiar de manera exclusiva las acciones de mitigación, prevención y remediación de cualquier impacto ambiental que pueda surgir de la actividad minera. Pese a los mecanismos de control establecidos, la ciudadanía organizada mantiene una postura firme de rechazo, considerando la minería como una amenaza directa a los recursos naturales de Mendoza.
E.B.W.