Dos mujeres fueron imputadas por el delito de estafa tras una compleja maniobra fraudulenta ocurrida entre agosto y septiembre de 2024 en El Bolsón. La víctima fue un joven con discapacidad intelectual, quien sufrió un importante perjuicio económico luego de que las acusadas, según la fiscalía, lograran ganarse su confianza para manipularlo y apropiarse de parte de sus ahorros.
Un vínculo construido para defraudar
Según la acusación, una de las mujeres inició una práctica docente en un establecimiento educativo especial de El Bolsón, donde conoció al joven. A partir de ese vínculo inicial, comenzó a invitarlo a su vivienda, donde convivía con su pareja, la segunda imputada. Ambas desarrollaron un relato engañoso: le aseguraron al joven que su entorno institucional —la escuela y el hogar donde residía— se aprovechaba de su pensión.
Este relato lo convenció de buscar independencia y alquilar un departamento. Para facilitar esto, las imputadas le habrían solicitado transferencias de dinero a una cuenta de Mercado Pago a nombre de una de ellas, con el supuesto fin de comprar muebles y cubrir gastos.
Perjuicio económico comprobado
El 7 de septiembre de 2024, el joven transfirió parte de sus ahorros. Sin embargo, tras abandonar el alquiler al no poder sostener su autonomía, solo se le devolvió una fracción del dinero. La denuncia fue radicada un mes después por una referente institucional.
La investigación fiscal cuenta con pruebas documentales y testimoniales, además de audios, documentación bancaria y pericias técnicas.
Defensa, cargos y medidas cautelares
Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa pública no se opuso, aunque negó que hubiera engaño premeditado. “No hay un ardid para perjudicar al joven ni aprovecharse de su patrimonio. Vamos a demostrar otra teoría del caso”, sostuvo la defensora pública, quien además adelantó que se trabaja en una salida alternativa al conflicto.
El juez interviniente tuvo por formulados los cargos por estafa (artículos 172 y 45 del Código Penal), en calidad de coautoras, e impuso medidas de coerción: prohibición de contacto con la víctima y dos testigos, prohibición de acercamiento a menos de 200 metros, y obligación de informar cambios de domicilio o teléfono hasta el 29 de septiembre de 2025.
O.P