El Ministerio Público Fiscal de Río Negro imputó a un hombre por un presunto caso de maltrato animal, luego de que fuera acusado de embestir de manera deliberada a un perro en la vía pública. El hecho ocurrió el 21 de octubre de 2024 en el paraje Los Repollos, cerca de El Bolsón, y la causa se tramita bajo la Ley Nacional 14.346 de Protección Animal.
Un caso que activa la ley de maltrato animal
De acuerdo a la acusación fiscal, el imputado circulaba con su vehículo por un callejón sin nombre, a unos 300 metros de la chacra conocida como “Areco”, cuando un perro de raza Bull Terrier comenzó a ladrarle y seguirlo. En ese momento, según la hipótesis del Ministerio Público, el hombre realizó una maniobra intencional con su auto para atropellar al animal, sin detenerse ni brindar asistencia luego del impacto.
El perro, de pelaje blanco, macho y adulto, resultó herido. La conducta fue calificada como un acto de maltrato contemplado en el artículo 3 inciso 7 de la Ley 14.346, en relación con el artículo 45 del Código Penal argentino, que establece penas para quienes cometan actos crueles contra animales.
Pruebas y testimonios que sostienen la acusación
Entre las evidencias presentadas por la fiscalía figuran la denuncia penal radicada el mismo día ante la Comisaría N.º 12 de El Bolsón, un croquis y acta de constatación del lugar del hecho, fotografías elaboradas por el Gabinete de Criminalística y un certificado médico veterinario que detalla el estado del perro tras el atropello.
Durante la audiencia de formulación de cargos, la defensa pública penal no se opuso al avance del proceso y el acusado prestó declaración. En su testimonio, sostuvo que, al revisar el historial de ubicación de su teléfono móvil, encontró registros que lo ubicarían en una actividad educativa en la zona de Cascada Escondida durante el momento del hecho. Esta información será incorporada a la investigación para respaldar la versión de la defensa.
Investigación en marcha y plazo judicial
El juez interviniente tuvo por formulados los cargos y dispuso un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria. En ese lapso, se recabarán nuevos elementos que permitan confirmar o desestimar la responsabilidad del acusado en el hecho.
O.P