El Gobierno nacional prepara la modificación de la Ley de Glaciares (Ley N.º 26.639) mediante un decreto que permitirá ampliar las zonas autorizadas para el desarrollo económico, particularmente para actividades mineras y energéticas.
Esta iniciativa propone reducir la superficie actualmente protegida, posibilitando la instalación de industrias extractivas, la manipulación de sustancias químicas y la construcción de infraestructura no vinculada a la investigación científica. También se prevé otorgar más autonomía a las provincias para decidir sobre el uso de sus territorios con fines industriales.
A pesar de las modificaciones propuestas, el Gobierno aseguró que mantendrá las restricciones para los glaciares descubiertos y cubiertos, y exigirá evaluaciones ambientales como condición para aprobar nuevos proyectos.
Sancionada en 2010, la Ley de Glaciares establece los presupuestos mínimos para la conservación de los glaciares y del ambiente periglaciar, regulando el uso del territorio para evitar daños ambientales. Además, obliga a realizar evaluaciones de impacto ambiental y a mantener un Inventario Nacional de Glaciares, herramienta central para conocer el estado y la extensión de estos ecosistemas.
La medida fue diseñada desde el Ministerio de Economía, en conjunto con la Secretaría de Energía, encabezada por María Tettamanti, y el área de Coordinación de Energía y Minería, dirigida por Daniel González. La iniciativa ya había sido incluida en versiones anteriores de la llamada “Ley Bases”, pero fue retirada ante la falta de consenso legislativo.
El proyecto recibió objeciones de la ONU, que lo consideró un retroceso en términos de derechos ambientales y alertó sobre posibles amenazas al trabajo de activistas y defensores del medioambiente.
R.G.