Camila Pérez tiene 29 años y su vida cambió para siempre el 11 de febrero de 2024, cuando fue al Hospital Heller de Neuquén para dar a luz a su primera hija. Lo que debía ser un momento de felicidad se transformó en una tragedia: tras una cesárea de emergencia, Camila entró en coma y hasta ahora no volvió a despertar. Desde entonces, su familia lucha por respuestas y por una atención médica que ya no está garantizada.
La joven neuquina atravesaba un embarazo de alto riesgo y, según relata su pareja Leandro Ismael Gómez, se venía realizando un seguimiento médico constante. "Se venía monitoreando constantemente el embarazo. Ya sabíamos que iba a ser cesárea sí o sí, porque por parto normal no iba a poder tener", explicó. Sin embargo, el día del parto, asegura que el equipo médico desestimó la información registrada en la libreta de control prenatal.
"El 11 de febrero fuimos al hospital. Entregué la libreta, pero no hicieron caso a lo que decía. Indujeron el parto igual, hasta que rompió bolsa y mi hija no salió. Ahí la llevaron de urgencia a cesárea", relató Leandro, en declaraciones a Canal 7. Minutos después, una enfermera le informó que la bebé había nacido sin vida, pero fue reanimada. "A los segundos, la misma enfermera volvió y me dijo que mi señora había tenido un paro cardíaco", recordó de ese momento bisagra.
Desde aquel día, Camila permanece en estado de coma. Aunque llegó a abrir los ojos en el centro de rehabilitación de la Clínica Pasteur, ella no conecta. "Ella tiene la mirada fija, no te sigue con la mirada. Su cerebro está como apagado", describió Leandro con angustia.
Durante el primer año, el Estado provincial se hizo cargo del tratamiento en un centro privado. "Ahí se le trabajaba el cuerpo, los brazos, las piernas y también se la estimulaba mentalmente, para que ella pueda conectar de nuevo a la vida", explicó.
Los familiares aseguraron que recientemente el Ministerio de Salud había dejado de financiar la rehabilitación. Sin embargo, desde este centro privado coincidieron con el Ministerio y arguentaron que la suspensión de los servicios se dio a causa de motivos médicos y de plazos para su tratamiento, pero no por falta de financiamiento.
"Nosotros no tenemos obra social. Era el Estado quien se hacía cargo. Ahora está abandonada", denunció Leandro. El corte en la asistencia se produjo cuando Camila más la necesitaba: en una etapa clave para evitar un deterioro mayor en su estado físico y neurológico.
Desde el Ministerio de Salud se emitió un comunicado donde reconocen que la paciente sufrió un daño neurológico derivado de la intervención quirúrgica. "Ésta ha sido una situación desafortunada tanto para la paciente como para su familia. Si bien toda intervención quirúrgica conlleva riesgos inherentes que están dentro de las posibilidades médicas conocidas, esto no justifica ni minimiza lo acontecido y entendemos profundamente el dolor y la preocupación que esta situación ha generado", señala el documento.
Aunque aseguran que hubo acompañamiento continuo, también aclaran que el caso está en proceso judicial -hay una denuncia por mala praxis- y evitan dar detalles por "respeto a la intimidad" de la paciente.
La familia, por su parte, denuncia negligencia médica. Leandro insiste en que no se respetaron los antecedentes clínicos y que se forzó un parto natural cuando estaba claramente indicado lo contrario. "Por no ver la libreta y no escuchar lo que decía, hoy Camila está así", lamentó.
Mientras la justicia intenta determinar responsabilidades, Camila sigue internada, desconectada del mundo. Su hija, que milagrosamente sobrevivió, crece sin poder compartir ni un solo momento consciente con su madre. La familia espera que la causa avance, pero también reclama una urgencia más inmediata: que el Estado restablezca el tratamiento de rehabilitación y no abandone a una joven madre que aún puede tener una oportunidad.
Fuente: LMN