En un nuevo capítulo del prolongado y multimillonario conflicto judicial por la expropiación de YPF realizada en 2012, el Gobierno de la República Argentina realizó una presentación estratégica ante los tribunales de Nueva York. En un escrito enviado a la jueza Loretta Preska, la defensa nacional rechazó de manera tajante el pedido de los demandantes para que el país sea declarado en "desacato" y calificó la situación actual como una maniobra de presión ilegítima.
La respuesta argentina surge luego de que los beneficiarios del fallo —liderados por el fondo Burford Capital, que adquirió los derechos de quiebra de las empresas Petersen y Eton Park— solicitaran medidas más severas ante la falta de pago de la sentencia de 16.100 millones de dólares.
El argumento de la defensa nacional
En el documento presentado este miércoles 31 de diciembre, el Gobierno argentino sostuvo que no está en desacato con las órdenes del tribunal estadounidense. Los abogados del Estado explicaron que el país ha seguido los canales procesales correspondientes y que no existe una voluntad de desobediencia, sino una imposibilidad técnica y legal de cumplir con las exigencias de embargo inmediatas bajo las condiciones planteadas por los demandantes.
La defensa fue más allá y denunció que Argentina es "víctima de un intento inadmisible de hostigamiento". Según los representantes legales del país, la estrategia de Burford Capital consiste en utilizar el sistema judicial para asfixiar financieramente al Estado y forzar una negociación o un pago bajo coacción, mediante el rastreo y pedido de embargo de activos soberanos que, en muchos casos, gozan de inmunidad.
Un escenario de alta complejidad financiera
El fondo Burford ha intensificado su búsqueda de activos argentinos en el exterior, apuntando a fondos del Banco Central, cuentas diplomáticas e incluso bienes vinculados a la energía, con el objetivo de cobrar la millonaria indemnización. La jueza Preska ya había dictaminado previamente que Argentina debía empezar a aportar activos como garantía para evitar embargos mientras se resuelve la apelación, algo que el país ha intentado dilatar citando la fragilidad de su economía y restricciones legales internas.
Implicancias para el futuro de la causa
Este cruce de escritos marca el tono con el que comenzará el año 2026 en materia de litigios internacionales. Mientras los demandantes buscan que el tribunal neoyorquino aplique sanciones que podrían incluir multas diarias por desacato, el Gobierno mantiene su postura de defensa de la soberanía y cuestiona la legitimidad de las tácticas de "discovery" (búsqueda de bienes) que están llevando a cabo los acreedores.
El desenlace de esta presentación será clave, ya que una declaración de desacato formal complicaría aún más el acceso de la Argentina a los mercados internacionales y pondría en riesgo activos estratégicos fuera de las fronteras nacionales
T.B