En los próximos días, dirigentes de la CGT iniciarán una ronda de contactos con gobernadores con el objetivo de persuadirlos para que no respalden la iniciativa oficial a través de sus legisladores, o bien para que impulsen modificaciones en los artículos que generan mayor rechazo en el movimiento sindical.
En paralelo, la central obrera resolvió que, en una primera etapa, solo participen abogados laboralistas de su equipo asesor en los encuentros que comenzarán este viernes en el Senado. Allí se analizarán posibles cambios al proyecto antes de que la Cámara alta lo trate formalmente, previsto para los primeros días de febrero.
Desde este viernes comenzará a funcionar una comisión técnica en el Senado que evaluará los planteos del sindicalismo y del sector empresarial, con la intención de consensuar modificaciones que luego serían llevadas al recinto el 10 de febrero.
Esta instancia de diálogo se abrió por iniciativa de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien en diciembre había decidido postergar el debate de la reforma ante la fuerte resistencia de la CGT, que ese mes encabezó una movilización masiva a Plaza de Mayo.
Mientras tanto, referentes sindicales recorrerán distintas provincias para reunirse con gobernadores y exponerles de primera mano las críticas al proyecto que el gobierno de Javier Milei considera clave para la segunda mitad de su gestión.
El movimiento replica, aunque en sentido contrario, la estrategia que viene desplegando el ministro del Interior, Diego Santilli, quien busca sumar respaldos políticos a la denominada “modernización laboral”.
Entre los principales cuestionamientos, la CGT apunta a limitar la ampliación de las actividades consideradas esenciales, lo que obligaría a garantizar servicios mínimos durante las medidas de fuerza.
También rechaza la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, ya que esa modificación podría derivar en acuerdos por empresa, desplazando los convenios sectoriales y debilitando el poder de negociación de los sindicatos.
A esto se suma la resistencia a los cambios en la denominada cuota solidaria que abonan los trabajadores no afiliados —establecida por convenio— y a la creación del Fondo de Asignación Laboral, propuesto como reemplazo del actual sistema de indemnizaciones.
R.G.