Un grave caso de vulneración de derechos infantiles es investigado por la Justicia en la ciudad bonaerense de Balcarce, luego de que seis niños —de entre dos meses y 13 años— dieran positivo en análisis toxicológicos por consumo de cocaína. El hecho se conoció a partir de una denuncia realizada por la madre, quien acudió a la Comisaría de la Mujer para solicitar una medida de restricción contra su pareja por episodios de violencia de género.
Durante esa presentación, la mujer sufrió una descompensación y debió ser asistida en el hospital municipal. Allí relató que el hombre solía drogarla y manifestó sospechas de que esa conducta también alcanzaba a sus hijos: cuatro menores de 9, 10, 12 y 13 años, y dos bebés mellizos de apenas dos meses de vida.
Con esos elementos, tomó intervención la fiscalía descentralizada a cargo de Rodolfo Moure, que ordenó un allanamiento urgente en la vivienda familiar. En el procedimiento se hallaron restos de cocaína sobre una mesada y una cantidad adicional de estupefaciente cuyo volumen no fue informado oficialmente. Además, una lata de leche en polvo quedó bajo análisis, ya que el primer test arrojó un resultado no concluyente y será sometida a nuevas pericias.
El dato que encendió las mayores alarmas surgió de los exámenes médicos practicados a los niños, que dieron resultado positivo en todos los casos. No obstante, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que se solicitaron contrapruebas para descartar eventuales falsos positivos y reforzar la validez de la prueba científica.
Ante este escenario, el padre fue detenido y trasladado al penal de Batán. Según se informó, cuenta con antecedentes penales recientes por violación de domicilio y desobediencia, en el marco de una causa previa vinculada a hechos de violencia de género. En su declaración ante la fiscalía, negó haber suministrado drogas a sus hijos y apuntó contra la madre, a quien acusó de atravesar problemas de salud mental.
Mientras avanza la investigación, los seis hermanos quedaron bajo la protección del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Una de las principales líneas de trabajo busca determinar cómo se produjo la exposición a la droga y quién fue el responsable. En los próximos días se realizarán entrevistas en Cámara Gesell para reconstruir la dinámica familiar.
La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, un delito que prevé penas de entre seis y veinte años de prisión.