Finalizado el juicio por jurados por la muerte de Walter Arturo Pardo, ocurrida en septiembre de 2024, sus hermanas Susana y Ana María se acercaron a Red43 para expresar su malestar con el proceso judicial y la sentencia dictada contra el imputado, Rodrigo Modesto Sánchez.
El tribunal resolvió condenar a Sánchez a tres años de prisión en suspenso, tras encuadrar el hecho como exceso en la legítima defensa. Para la familia, la decisión representa “una injusticia”, ya que el acusado no cumplirá prisión efectiva.
Las hermanas señalaron que durante el juicio no pudieron expresarse con libertad. “En todo momento nos interrumpían”, afirmaron, y cuestionaron especialmente el alegato final del imputado, quien —según relataron— habría manifestado estar “protegido” por una causa vinculada a Vialidad Provincial.
La investigación estuvo a cargo de la fiscal María Bottini, quien también interviene —según indicaron las hermanas— en otra causa relacionada con presuntos hechos donde Rodrigo Modesto Sánchez, es un testigo protegido en la causa que investiga el robo de áridos en la cantera de fontana (ruta 71), confirmado por él mismo durante el juicio.
Susana y Ana María aseguraron que durante la etapa investigativa enfrentaron demoras y falta de información. “Siempre faltaba algo: el informe, el ADN, distintos elementos”, señalaron.
De acuerdo con su versión, la causa inicialmente había sido caratulada como homicidio simple, pero luego la Fiscalía modificó la imputación a exceso en la legítima defensa. “El último día antes de la feria judicial nos dijeron que iba a quedar como legítima defensa, cuando siempre se habló de homicidio”, sostuvieron.
También expresaron su descontento con la actuación del Ministerio Público Fiscal durante el debate, al considerar que la fiscal dirigió su discurso al jurado con una caracterización negativa de la familia. Además, relataron un episodio en el que, según su testimonio, la Policía se presentó en el lugar del juicio ante una supuesta denuncia por disturbios que —afirman— nunca existieron.
Otro de los puntos que mencionaron fue haber observado un gesto de cercanía entre la fiscal y una familiar del acusado durante el juicio. Aclararon que no cuentan con pruebas materiales del hecho, ya que no se permitió el ingreso con teléfonos celulares a la sala.
Para la familia, la condena en suspenso implica que el responsable “queda libre y puede seguir su vida como si nada”. “Mi hermano ya no está y él sigue trabajando y viviendo normalmente”, expresaron con dolor.
Las hermanas insistieron en que continuarán reclamando justicia y pidieron que se revise la sentencia. “Nos sentimos desoladas, como que se nos rieron en la cara. Somos las víctimas y sentimos que no fuimos acompañadas”, manifestaron.