“La minería se desplegará por toda la Cordillera y dará miles de empleos”. La frase es de Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, pronunciada ante la Asamblea Legislativa.
La afirmación, no fue aislada. Se inscribe en una visión más amplia que ubica a la minería -junto al agro y la energía- como uno de los motores capaces de dinamizar la economía argentina y absorber mano de obra en el escenario actual, golpeado por la recesión y el desempleo.
Para el Gobierno, la Cordillera está “subutilizada” y Argentina no estaría aprovechando su potencial en cobre, litio y oro. En esa lógica, la reforma de la Ley de Glaciares, impulsada en el Congreso, aparece como una pieza importante para “desbloquear inversiones”. La iniciativa propone que sean las provincias quienes definan qué zonas deben protegerse y cuáles pueden habilitarse para actividades extractivas, lo que abre la puerta a nuevos proyectos mineros en áreas hasta ahora restringidas.
Si bien el discurso oficial habla de empleo y desarrollo, también deja abiertos interrogantes profundos. ¿Puede pensarse la expansión minera “por toda la Cordillera” sin afectar ecosistemas frágiles y reservas estratégicas de agua? ¿Es posible garantizar controles ambientales estrictos en un contexto de ajuste del Estado? ¿Qué peso tendrá la necesidad de divisas frente a la preservación de bienes comunes?
La controversia no es menor. Organizaciones ambientalistas advierten que podría poner en riesgo fuentes hídricas fundamentales para las comunidades cordilleranas. Y allí el debate deja de ser abstracto y adquiere nombres propios.
¿Cómo tomará esta posición la provincia de Chubut, donde la discusión minera ha generado históricamente movilizaciones, consultas populares y fuertes divisiones sociales? ¿Qué postura adoptará Esquel, ciudad emblemática en la resistencia a la megaminería desde el plebiscito de 2003? ¿Se abrirá una nueva etapa de confrontación entre el impulso nacional a la minería y las decisiones -y sensibilidades- locales?
Si la Casa Rosada propone una expansión minera a escala cordillerana, el desafío no será solo técnico o económico. Será, sobre todo, político y social.
Desde Nación se espera un posicionamiento claro de las provincias. ¿Acompañará Chubut esta hoja de ruta o volverá a plantarse frente al despliegue minero? El Gobierno nacional marca el rumbo, pero la respuesta en el territorio puede abrir un nuevo frente de tensión.