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22 de Abril de 2026
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Pidieron el sobreseimiento de Damiano y Robeta por falta de delito

Luego de analizar la información aportada por la defensa en la audiencia preliminar, el Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento definitivo de Carlos Damiano y Rodrigo José Robeta.

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La fiscal María Bottini y el procurador Ismael Cerda fundamentaron la decisión en que las conductas de los imputados no encuadran en un delito penal. Según explicaron, Damiano cumplió con sus tareas y procuró activamente regularizar su situación laboral, por lo cual no hubo intención de cometer una estafa contra el Estado provincial. Las autoridades judiciales señalaron que, si bien existieron desprolijidades administrativas, estas se debieron a razones de burocracia no achacables a los involucrados.

 

La investigación había comenzado tras denuncias gremiales y publicaciones en redes sociales que señalaban a Damiano como un empleado que no asistía a su lugar de trabajo. Inicialmente, la Fiscalía constató que el funcionario figuraba como Director de Programas y Proyectos, un cargo que exige asistencia diaria, mientras que los empleados de la repartición aseguraban no conocerlo. Sin embargo, la incorporación de nuevas pruebas durante la audiencia preliminar cambió drásticamente el escenario.

 

El punto de quiebre fue la acreditación de que Damiano sí trabajaba para la Provincia a través de un proyecto estratégico de biomasa. Se demostró su participación activa mediante testimonios de ingenieros, funcionarios actuales y registros de reuniones. En este marco, la declaración del exgobernador Mariano Arcioni fue fundamental para despejar dudas sobre la intención de engañar al Estado. Arcioni confirmó ante la justicia que tenía conocimiento directo del proyecto y que fue él mismo quien le pidió a Damiano que continuara en sus funciones pese a sus dificultades para asistir diariamente.

 

No se puede sostener el dolo cuando el imputado solicitó activamente regularizar su situación para que coincidiera con su rol de asesor, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal. Bajo el principio de objetividad, la Fiscalía concluyó que el desfase entre el cargo formal y la tarea realizada se debió a la burocracia estatal y no a un plan para defraudar al erario público. El juez de la causa coincidió con este análisis y dictó el sobreseimiento definitivo de ambos imputados, destacando la honestidad de la fiscalía al reconocer que los hechos no se encuadran en un tipo penal.

 

 

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

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