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05 de Septiembre de 2018
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Imputan a Macri y parte de sus ministros por el acuerdo con el FMI

Lo resolvió el fiscal Jorge Di Lello. Los acusa de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al firmar un acuerdo con el organismo pasando por alto al Congreso.

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El fiscal federal Jorge Di Lello imputó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al firmar un acuerdo con FMI tras haber pasado por alto al Congreso de la Nación.

 

Jorge di Lello, que hace así lugar a una denuncia presentada por miembros del partido político Unidad Popular, del Movimiento Popular La Dignidad y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, envió un requerimiento al juez Julián Ercolini para que inicie formalmente una investigación penal contra la cúpula del Gobierno.

 

Además de Macri, el fiscal imputó al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y "todo aquel que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable".

 

"Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido", explica el fiscal Di Lello en su resolución, divulgada por los denunciantes.

 

En concreto, Claudio Lozano y Jonatan Baldiviezo señalan en su querella que la conducta del Gobierno para acordar el pasado junio con el FMI un crédito de 50.000 millones de dólares es "violatoria de la Constitución".

 

Según disposiciones legales a las que hacen referencia, el Poder Ejecutivo tenía que haber sometido el acuerdo al estudio del Legislativo, algo que no ocurrió al interpretar el oficialismo que se trata de un asunto sobre el que el Congreso no tiene competencia.

 

"El acuerdo con el FMI no cuenta con aprobación del Congreso. Por lo tanto, el presidente de la Nación y los funcionarios y ministros que han operativizado su firma y ejecución se está arrogando facultades del Congreso", añaden los denunciantes.

 

Asimismo, exigen que cautelarmente se suspenda la ejecución del acuerdo y que el Gobierno se abstenga de "futuros retiros o solicitud de fondos" de ese plan y del uso de los fondos de dinero ya transferidos (15.000 millones).

 

Con base en esto, Di Lello le transmitió a Ercolini que confía en su "elevado criterio" para decidir si corresponde dictar estas medidas y así evitar los "perjuicios económicos y sociales" que los denunciantes afirman acarreará la ejecución del programa financiero, o bien permitir que continúe el plan.

 

"Ahora está en manos del juez federal Ercolini frenar el acuerdo y proseguir con la investigación de este endeudamiento unilateral firmado por el Gobierno de Cambiemos sin el acompañamiento de los representantes de la ciudadanía Argentina", señalaron los denunciantes en un comunicado.

 

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