Hoy a mediodía, se realizaron allanamientos en el marco de una causa judicial que investiga la presunta comisión del delito de “tráfico de influencias”, cometido por Alberto Vargas y Marcela Montero. La causa se inició debido a la denuncia realizada por un empresario de Buenos Aires, quien afirmó que le pidieron 300 mil dólares para aprobar la obra de un hotel en Puerto Pirámides.
La fiscalía de Puerto Madryn tramita la causa que comenzó en septiembre del año pasado. El joven empresario, radicado en la zona, declaró que una mujer se comunicó con él y le dijo que "ella se encontraba vinculada al ámbito político y que estaba trabajando para solucionar su inconveniente junto a Alberto Vargas, a través de la relación que tenía, tanto con el intendente como con los concejales de Puerto Pirámides; que iba a poder influir sobre dichos funcionarios para, de esta forma, obtener la aprobación final de obra”, explicó la fiscalía de Puerto Madryn. El fiscal Daniel Báez agregó que "Según la denuncia, le pidieron 300.000 dólares, ya que para obtener la aprobación pretendida era necesario modificar la ordenanza 'comprando el consentimiento' de, por lo menos, cuatro concejales de esa localidad”.
Según consta en el expediente, la mujer se reunió, junto a Vargas, en el local partidario del intendente de Trelew, para idear el mecanismo por medio del cual se iba a obtener el acuerdo legislativo y modificar la ordenanza que impedía obtener la aprobación final de la obra del hotel. También para acordar de qué manera se iba a dividir el dinero que, supuestamente, iban a recibir.
El empresario, que ya había realizado la denuncia, mantuvo una reunión con la mujer y Vargas en un restó de Madryn, donde el exfuncionario le dijo que “la gestión para obtener el certificado final de obra la iba realizar un letrado de esta ciudad, y que no iba a tener problemas porque contaba con el consentimiento de los concejales justicialistas de Puerto Pirámides, que responden a los intereses políticos del actual intendente, Javier Roldán”.
Los procedimientos se realizaron el mediodía del viernes y estuvieron a cargo del comisario Cristian Vázquez Sepúlveda, jefe de la División Policial de Investigaciones de Puerto Madryn. La fiscalía solicitará la apertura formal de la investigación para formular las imputaciones de tráfico de influencias, para Alberto Vargas como autor y para la mujer como partícipe.
Este tipo de tráfico consiste en utilizar las influencias en ámbitos de gobierno o empresariales para obtener favores o tratamiento preferencial. El delito está previsto en el artículo 256 bis del Código Penal y establece que “será reprimido con prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública el que por sí o por interpósita persona solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva, o aceptare una promesa directa o indirecta para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público”.