El Gobierno interviene Vicentín y pretende estatizarla

El presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervino a de la exportadora de cereales Vicentín, en el contexto de un proyecto dinamizador de alimentos. Y también anunció que pretende expropiar sus activos mediante una ley que enviará al Congreso. De esos activos se haría cargo YPF Agro, dijo Fernández.

“El Estado es el principal acreedor de la empresa. Es una empresa líder, la vamos a rescatar para que continúe funcionando y sus trabajadores tengan la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismo que los productores que le venden lo que producen”, aseguró el Presidente y aseguró que se declarará a la empresa de interés público.

“Si hay evidencias de defraudación se harán las denuncias del acaso y lo llevaremos a la Justicia, pero queremos mantener ne pie a un empresa muy importante”, aseguró el mandatario sobre versiones de la conducción privada de la compañía.

La administración pública nacional tomaría el control de, 51% de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por USD 350 millones que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una acreencia total de USD 1.350 millones.

Gabriel Delgado, un economista del INTA de mucha confianza de Fernández, es el interventor en la compañía. Es un ex secretario de Agricultura que sonó para ser ministro casi hasta último momento en el que fue elegido Luis Basterra.

El “rescate” de Vicentin tiene tres objetivos: la recuperación y pago de deudas a productores de interior, renegociacion con los bancos acreedores y paz social y estabilidad laboral con gremios. En ese sentido, el Ejecutivo también podría impulsar leyes destinadas al aumento de la producción agrícola, incentivos a la exportación de proteínas para humanos y fomento de la biotecnología.

La medida había sido pedida por un grupo de funcionarios, dirigentes políticos e intelectuales se convierta en una empresa pública no estatal “bajo control político y social”. Hace una semana Claudio Lozano, director del Banco Nación; Victoria Donda, titular del Inadi; y Pino Solanas, embajador ante la Unesco encabezaron una carta en donde pedían la nacionalización de la empresa frente a la posibilidad de que las “maniobras fraudulentas” llevadas a cabo por el grupo empresario contra la banca pública, productores y trabajadores, tenga como resultado una mayor concentración y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción.

Aún en concurso de acreedores, la compañía continua siendo una de las mayores agroexportadoras. Un trabajo de la Bolsa de Cereales de Rosario (BCR) presentado en marzo muestra que se encuentra en el puesto número seis, con 8,4 millones de toneladas exportados o un 9% del total de ventas externas agroindustriales.