Podrían aprobar la nueva Ley Ovina

En abril de este año venció la Ley Ovina, normativa que surgió en 2001 y fue prorrogada hasta 2021. Hay una gran incertidumbre acerca de lo que pueda pasar desde 2022 en adelante, por eso se pidió un urgente tratamiento de la normativa en el Congreso Nacional.

Ya algunos legisladores presentaron proyectos. En el caso de Chubut, enviado por Gustavo Menna. Por otra parte, el Gobierno Nacional se ha sentado a través de la Mesa Ovina nacional con distintos actores del agro para consensuar una nueva normativa.

La Ley Ovina está destinada originalmente a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos ovinos que permita la sostenibilidad a través del tiempo y consecuentemente, permita mantener las fuentes de trabajo y la radicación rural.

Comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción comerciable ya sea de animales en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas.

Además impulsa la adopción de modernas tecnologías que conducirán a incrementar los porcentajes de corderos logrados, incrementar la productividad por hectárea y mejorar la calidad de la lana. Tanto en el medio rural como industrial.

Uno de los principales reclamos para la nueva Ley Ovina es la actualización de fondos para las provincias. Con estimaciones que van desde los 1.400 millones a los 1.500 millones según los proyectos presentados. Con esos valores actualizados, desde el agro de Chubut evalúan que la provincia debería multiplicar por 9 los fondos que recibe, que hoy llegan a los 20 millones, con recuperos de años anteriores. Es decir, que la inversión por Ley Ovina para Chubut se elevaría hasta los 180 millones de pesos.

La participación de Chubut dentro de la Ley Ovina en cuanto a los fondos es aproximadamente del 13%. Uno de los pedidos que también se impulsa desde el campo, es que la forma de fijar la distribución priorice la cantidad de cabezas de ganado por sobre la cantidad de productores. Algo que claramente beneficiaría a Chubut (3.200.000 ovinos) y Santa Cruz, la región con mayor explotación ovina. Sin embargo, hoy la que más recibe es Buenos Aires, por la cantidad de productores, dada la extensión del área en esa región del país.

Más allá del pedido de máxima de 1.500 millones para repartir entre las provincias, dentro de las mesas de discusión afirman que el Gobierno Nacional estaría dispuesto a multiplicar por 10 el Fondo General, para llegar a los 850 millones.

Leonardo Jones explicó que la misma tuvo un período de vigencia de 10 años. Es una herramienta importante para la actividad ovina, para todo el país.

"Los fondos los destinan para proyectos de inversión privados y financia proyectos de investigación de organismos públicos"

 

Beneficia al INTA, Productores, Ministerio de Producción, ya que fortalecen la actividad ovina de nuestra región.

Desde hace un año y medio se comenzó a trabajar y se creó la mesa Ovina Nacional, los cuales comenzaron con el proyecto de renovar la Ley Ovina por dos años más, además de dotarla con nuevos recursos.

Buscan impulsar el proyecto, hubo un trabajo muy importante de la Federación de Rurales de la Patagonia, además de la Mesa Ovina. El Ejecutivo Nacional también incorporó nuevas cosas, y cuenta con una aprobación de los senadores. 

En uno de los documentos elaborados en el marco de la Mesa Ovina, se establece el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, “considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”. Y remarca en el nuevo articulado que “el Poder Ejecutivo incluirá en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional durante DIEZ (10) años a partir de la publicación de la presente Ley, un monto anual a integrar en el FRAO el cual no será menor a PESOS OCHOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($ 850.000.000)”. De eso se estaría agarrando hoy el Ministerio de Agricultura de la Nación para fijar el reparto entre las provincias. En el caso de Menna, se pide una erogación mínima de $ 1.500 millones, casi el doble. Por eso es que se dilatan las negociaciones.

Otros puntos que están dentro del debate son: disponer de operatoria con Planes de trabajo y proyectos de Inversión; Recupero del 100% a las provincias por ley; Unificación de gastos operativos; Aportes provinciales; Obligatoriedad de llevar estadísticas ovinas productivas, monitoreo de proyectos y de programas centralizados; Incluye la actividad de camélidos asociada a la ovina; Mayor peso a los productores que tienen como única o principal actividad al ovino; Proyectos de inversión con asistencia y supervisión técnica obligatoria; Gestión de recupero de créditos en 1ra instancia vía UEPs; Incluye lineamientos obligatorios para aplicar pautas de bienestar animal, y buenas prácticas laborales y ambientales, incluyendo las de pastoreo.