Masacre de Trelew: un exmarino argentino es juzgado en Estados Unidos

El exmarino Roberto Guillermo Bravo enfrenta una demanda de resarcimiento económico que iniciaron familiares de las víctimas en octubre de 2020. En el marco del juicio civil que sigue la corte de Florida, Estados Unidos por la responsabilidad en los hechos del 22 de agosto de 1972 en la Masacre de Trelew.

El exoficial naval reside en Estados Unidos desde 1973, cuando fue enviado como agregado naval por el Gobierno de facto de Alejandro Lanusse, como un método de darle protección frente a las acusaciones que pesaban sobre su persona. Tiene la ciudadanía estadounidense y se desarrolló como un empresario que obtuvo contratos con el Departamento de Estado.

La presentación de la demanda se basa en la Ley de Protección de Víctimas de Tortura (TVPA) que rige en Estados Unidos y es llevada a cabo por abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Center for Justice Accountability (CJA), un organismo de derechos humanos de la nación norteamericana. En el caso de ser encontrado culpable de los hechos, Bravo deberá presentar una reparación económica a los demandantes. Sin embargo, el foco no está puesto en el monto económico sino en determinar su responsabilidad en la masacre.

Durante la audiencia Bravo declaró: "Recuerdo que había una masa de personas que se nos venían encima. Dije ‘disparen’ dos veces, y disparé a todo lo que se movía y venía hacia nosotros”. Y confirmó que él fue el que disparó primero y tiró unas 30 balas.

En la audiencia del martes pasado, Bravo incurrió en contradicciones sobre quién abrió las puertas de las celdas para que fueran ejecutados los prisioneros, las posiciones que ocupaban los militares cuando comenzó la balacera y cuáles soldados estaban presentes. Testimonios que no coinciden con las declaraciones anteriores de Bravo, según informó el CELS.

Por su parte, los querellantes consideraron que su testimonio estuvo plagado de "inconsistencias" en relación a los hechos del 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de la Armada, donde fueron asesinados 16 militantes políticos que se encontraban detenidos.

Por otro lado, las autoridades Argentinas pidieron la extradición de Bravo en 2009 pero fue negada por un juez de Florida. En 2019 se volvió a presentar una segunda solicitud de extradición que sigue pendiente.