El procurador general adjunto, Emilio Porras Hernández, confirmó que la comisión especial conformada para investigar los hechos ocurridos el 16 de diciembre del año 2021, por los destrozos en la Casa de Gobierno y otros edificios públicos -tras el reclamo contra la ley minera- concluyó con la identificación de 23 personas.
Asimismo, anticipó que las mismas podrían ser imputados formalmente por varios tipos de delitos. En tanto, deberán establecer las responsabilidades penales de funcionarios públicos que tenían a su cargo la función de prevenir los hechos de violencia.
En este sentido, el procurador general adjunto expresó que: “La investigación se centró en la acción de los particulares que se afectaron edificios públicos como la Casa de Gobierno, la Legislatura, el Superior Tribunal y la Procuración General, y a determinar las responsabilidades de funcionarios públicos”.
Como resultado, detalló que se logró identificar a 23 personas que se apartaron “de la protesta legítima” para incurrir en actos vandálicos y constitutivos de distintos delitos, a partir del uso de imágenes captadas por videos, testimonios, allanamientos y otras pruebas.
Fuente: ADN Sur