Chubut: La Legislatura aprobó la Ley de Emergencia Económica

La Legislatura del Chubut aprobó el miércoles la Ley de Emergencia Económica, Financiera, Administrativa y Judicial promovida por el Ejecutivo provincial y compuesta por 19 artículos, que establecen la suspensión de ingresos de personal al Estado, exceptuando cargos vacantes, y fija un límite en el cobro de asignaciones familiares. Uno de los puntos más controvertidos se centra en la prohibición de implementar embargos y medidas cautelares contra la Provincia. Además, declara como servicio esencial a los comedores escolares.

A pesar de contar con el respaldo mayoritario del oficialismo, Plich, Familia Chubutense y Arriba Chubut, la Izquierda votó en contra del proyecto de Ley de Emergencia. No obstante, desde Arriba Chubut se intentaron realizar modificaciones que, en algunos artículos, incluso contaron con el apoyo del oficialismo.

La Ley de Emergencia Económica y Financiera tiene una duración de 18 meses, abarcando hasta junio de 2025. En su artículo inicial, deja en claro que excluye de la declaración las negociaciones colectivas y el pago de salarios.

En su tercer artículo, establece la suspensión de pagos y otras obligaciones contraídas por el Estado Provincial antes del 9 de diciembre de 2023, exceptuando haberes devengados posteriormente a la entrada en vigencia de la ley, prestaciones previsionales, deudas del endeudamiento financiero, así como servicios esenciales como telefonía, luz, gas, entre otros.

Se exceptúan también las obligaciones con proveedores cuyos montos sean inferiores a $1.500.000 mensuales por acreedor, así como las responsabilidades cuyo monto no exceda los $12.000.000 por acreedor, previa revisión fundamentada por parte del Fiscal de Estado.

Además, en el artículo 4, se establece la suspensión de ejecuciones de sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos arbitrales que impliquen pagos al Estado provincial. También se suspenden las medidas cautelares y de ejecución, debiendo ser levantadas por el juez correspondiente, advirtiendo que el incumplimiento será considerado un mal desempeño, sujetando al magistrado a responsabilidades disciplinarias.

Otros aspectos relevantes incluyen la facultad otorgada a los tres poderes del Estado para dar por terminados contratos de obra pública, consultoría, servicios y obras.

Otro de los puntos destacado es la suspensión de ingresos al Estado provincial durante 18 meses, exceptuando la cobertura de cargos vacantes, junto con la fijación de topes en el pago de asignaciones familiares a los trabajadores públicos provinciales.

En otro orden, se establece la esencialidad de los servicios alimentarios en comedores escolares de gestión estatal, asegurando la alimentación adecuada y saludable de los alumnos, volviendo obligatorio su funcionamiento.

Tras obtener dictámenes en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la Cámara aprobó el Presupuesto 2024 para el Poder Judicial (con modificaciones al proyecto original) y para el Poder Legislativo. Además, a solicitud del Ejecutivo, se abrogó la ley que regulaba el régimen de abstención del Débito Laboral para los agentes de la Administración Pública Provincial.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia dio curso a una solicitud de juicio político al actual ministro del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez, presentada por Gastón Alejandro Martín y el abogado Alfredo Pérez Galimberti. La Comisión consideró admisible el pedido y lo remitió a la Sala de Acusar para su análisis.

El diputado Daniel Hollmann, presidente del bloque de Juntos por el Cambio, informó que se adjuntó un informe al pedido de juicio político. Mientras tanto, el presidente de Arriba Chubut, Juan Pais, expresó que la fundamentación parecía haber sido redactada por los denunciantes y cuestionó la premura y ligereza con la que se trató el caso.

Además, durante la sesión, se recibieron los pliegos de Héctor Manuel Millar para presidente de Petrominera; Marcos Eduardo Gallardo para director titular en representación del sector gremial en el directorio de Petrominera; y de Irene Carrizo para síndico titular de Petrominera.

M.M