Tras una investigación realizada por la Dirección de Asuntos Penales, Investigaciones y Sumarios de ANSES, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denunció ante la Justicia 203 casos de “graves y escandalosas” irregularidades en la tramitación de la asignación por embarazo para protección social.
Las anomalías identificadas por los funcionarios del gobierno nacional exponen, según definieron a Infobae, “una práctica sistemática de presentación de documentación falsa” y certificados médicos apócrifos en diversas oficinas de atención de ANSES, con el fin de percibir fraudulentamente el beneficio, que este mes de octubre es de $ 87.815. Esto también ocurría con certificados “truchos” de interrupción del embarazo.
Después de varias alertas originadas en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de González Catán, en La Matanza, habrían detectado certificados médicos y documentación apócrifos en localidades como Lomas de Zamora, Moreno y Río Gallegos.
Estiman que el fraude podría ascender a una pérdida de más de 160 millones de pesos para el Estado. Esto se suma a la detección de una importante cantidad de gente que cobraba subsidio por discapacidad cuando en realidad no tenía ninguna. Incluso hubo un caso resonante en un peque pueblo del norte del país donde el 90 por ciento de sus habitantes cobraban ese beneficio. “Esto no pasaba ni en países que habían tenido una guerra”, aseguraron desde el gobierno.