Recientemente promovido a jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), el organismo encargado de controlar el cumplimiento tributario en Argentina, Carlos Vázquez se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta.
Tras una investigación de La Nación y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el respaldo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se dieron a conocer detalles sobre una serie de propiedades adquiridas por Vázquez en Miami, a través de un entramado de empresas offshore con sede en paraísos fiscales.
El entramado de sociedades en paraísos fiscales
Según los documentos obtenidos, Vázquez estuvo vinculado durante más de 12 años a un entramado de sociedades constituidas en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), Panamá y Estados Unidos, que le permitieron adquirir propiedades en el estado de Florida sin que esas transacciones se registraran en los registros fiscales argentinos. A pesar de la obligatoriedad de declarar tales bienes, especialmente siendo un funcionario de la AFIP, Vázquez no reportó en sus declaraciones juradas su vinculación con estas propiedades.
En 2013, el funcionario adquirió dos departamentos en el exclusivo complejo Icon Brickell de Miami, a través de la firma Alcorta Corp, una sociedad panameña.
La primera compra fue de 710.000 dólares por una unidad en el edificio ubicado en el 495 de la avenida Brickell. Un día después, adquirió otro departamento en el mismo complejo por 350.000 dólares.
Dos años después, Vázquez continuó su inversión en bienes raíces de lujo en Miami, adquiriendo un tercer departamento en Chateau Beach Residences en Sunny Isles, a través de una nueva firma panameña, Pompeya Group Corp, por un total de 980.000 dólares.
Conexión con los Panamá Papers
Este entramado de sociedades offshore comenzó a tomar mayor notoriedad tras la publicación de los Panamá Papers en 2016. En ese entonces, Vázquez incorporó una nueva capa de distanciamiento entre él y las propiedades, recurriendo a una firma holding denominada Galanthus Capital Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, que pasó a controlar las sociedades panameñas Alcorta Corp y Pompeya Group Corp.
Venta y ocultamiento de bienes
En marzo de 2018, una de las propiedades adquiridas por Alcorta Corp fue vendida por 350.000 dólares, lo que generó un distanciamiento aún mayor de Vázquez de sus activos en Florida.
Sin embargo, según la documentación obtenida por los investigadores, Vázquez continúa vinculado a las sociedades Galanthus Capital, Alcorta Corp y Pompeya Group, las cuales mantienen propiedades en Miami y Sunny Isles por un valor cercano a 1.690.000 dólares.
Omisión en declaraciones juradas
A pesar de la magnitud de las inversiones y la estructura offshore utilizada, Vázquez no incluyó ninguna de estas propiedades en sus declaraciones juradas anuales ante la AFIP.
En su última declaración presentada en 2023, Vázquez mencionó únicamente tres cuentas bancarias en Estados Unidos con un saldo total inferior a los 3.000 dólares, además de las propiedades que posee en Argentina.
Este omitir de activos en el extranjero genera interrogantes sobre la transparencia y la ética de un funcionario cuya tarea es justamente velar por el cumplimiento fiscal de todos los argentinos.
Este no es el primer episodio en el que Carlos Vázquez se ve vinculado a paraísos fiscales. En 2011, afrontó una denuncia por controlar, junto con su hermana, una cuenta bancaria en la isla de Curazao, que en 2004 habría recibido un depósito de US$442.113, dinero que luego fue transferido a una cuenta en Luxemburgo. A pesar de una investigación penal, en 2022 fue sobreseído por el juez federal Ariel Lijo debido a la falta de respuestas de los países implicados para verificar la existencia de estas cuentas.
Funcionario de la AFIP
Carlos Vázquez, de 64 años, es parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desde 1990, donde ocupó cargos en la inteligencia fiscal y en la Regional Sur Metropolitana.
Su nuevo ascenso a la DGI le otorga aún más poder en el control de los tributos de los ciudadanos argentinos, lo que genera preocupación sobre la transparencia en su gestión.
O.P