El miércoles próximo marca el comienzo de una etapa crucial en la investigación sobre la muerte de Diego Maradona, con la evaluación de pruebas que serán fundamentales en el juicio contra ocho personas acusadas de homicidio simple con dolo eventual, un delito que podría resultar en penas de hasta 25 años de prisión.
La audiencia, a llevarse a cabo en San Isidro por el Tribunal Oral Criminal 3, contará con la presencia de las ocho defensas, las querellas y la fiscalía general de San Isidro. Además de analizar las pruebas, se espera que se defina la fecha de inicio del debate oral y público.
Entre las pruebas a considerar, se destaca la existencia de aproximadamente 130 mil audios que involucran a varios de los imputados. Estos archivos abarcan desde el periodo en que Diego Maradona aún estaba vivo, antes de su trágico fallecimiento el 25 de noviembre de 2020, fecha que, según la Justicia, podría haberse evitado.
La audiencia en los tribunales de San Isidro permitirá a cada parte solicitar testigos, pericias y la posibilidad de realizar pruebas adicionales, incluyendo una probable extensión de la junta médica previa. Tras escuchar todas las partes, el Tribunal emitirá una resolución que determinará qué testigos serán citados, si se admitirá la prueba suplementaria y la eventual fecha de inicio del juicio.
Fuentes consultadas estiman que el juicio no ocurrirá en el transcurso de este año, posponiéndose hasta principios del próximo. Los ocho imputados, incluyendo al neurocirujano Leopoldo Luciano Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, enfrentan cargos por su presunta participación en la supuesta "internación domiciliaria" de Maradona en Tigre, donde finalmente perdió la vida.
El delito de homicidio simple con dolo eventual, que contempla penas de 8 a 25 años de cárcel en Argentina, se sustenta en la creencia de que los acusados contribuyeron de alguna manera a las circunstancias que llevaron al fallecimiento del ícono del fútbol.
La familia de Maradona, incluyendo a sus hijos Dalma, Giannina, Jana, Diego Fernando y Diego Junior, impulsó la acción judicial debido a las irregularidades percibidas en torno a su muerte, que ocurrió mientras estaba bajo la supervisión del equipo médico encabezado por Luque, su abogado y el cuerpo médico designado por este. La autopsia reveló un "edema agudo de pulmón" y una "miocardiopatía dilatada" como causas del deceso de Maradona, quien, además, padecía problemas de adicción al alcohol.