En una audiencia realizada en la Unidad Penitenciaria N° 41 de Campana, donde Grassi está recluido, el sacerdote intentó argumentar a su favor mediante una conexión virtual, apelando a su pasado de trabajo social y a su presunta inocencia. Grassi, quien se recibió de abogado durante su reclusión, aseguró que la acusación en su contra era el resultado de un "error judicial" y se presentó como un activo defensor de los derechos de los menores.
No obstante, el abogado de las víctimas, Juan Pablo Gallego, manifestó su rechazo al pedido, subrayando la falta de aceptación por parte de Grassi de los delitos cometidos y su negativa a someterse a tratamiento psicológico. Gallego argumentó que la conducta del sacerdote, evidenciada durante la audiencia, demuestra una actitud agresiva y una falta de arrepentimiento. “Vimos a un monstruo que redobló su agresividad”, expresó Gallego, quien representa al Comité de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en Argentina (Casacidn).
Grassi está condenado por dos hechos de abuso sexual de menores ocurridos en 1996 en la Fundación Felices los Niños. Aunque la sentencia se dictó en 2009, Grassi no comenzó a cumplir su condena hasta 2013, tras una confirmación de la Suprema Corte bonaerense. Su condena se extendió en junio de 2022 debido a una apelación de la querella.
En 2014, el sacerdote fue noticia nuevamente por desviar donaciones destinadas a la fundación a su propio penal, un acto que intensificó la controversia en torno a su caso. Además, Grassi intentó aplicar el ya derogado "beneficio 2x1" para acelerar su liberación, lo que fue rechazado por la justicia.
O.P