Una empleada doméstica, que trabajó más de dos décadas para el mismo matrimonio, fue despedida mientras estaba de vacaciones. Tras una dura lucha por el reconocimiento de sus derechos, la Justicia ordenó que los empleadores le paguen una indemnización de más de $20 millones.
La relación laboral, que había sido negada por los empleadores durante el juicio, fue acreditada por múltiples testimonios y pruebas. Fueron más de 20 años de servicio para el mismo matrimonio sin haber sido registrada.
La trabajadora inició su labor en el Puerto de San Antonio Oeste, provincia de Río Negro, a finales del siglo pasado. Durante 18 años, trabajó cama adentro en la casa de un matrimonio. En 2018, la familia se mudó a la ciudad de San Antonio Oeste, y la empleada continuó trabajando con modalidad de retiro.
El vínculo parecía consolidado cuando, en mayo de 2021 el matrimonio decidió trasladarse a Posadas, en Misiones. La trabajadora aceptó mudarse con ellos, demostrando su compromiso y lealtad. Sin embargo, en marzo de 2022, mientras disfrutaba sus vacaciones en San Antonio Oeste, recibió un llamado telefónico donde se le comunicaba su despido.
La empleada, ante la negativa de los empleadores a reconocer su trabajo y pagar indemnizaciones, envió intimaciones telegráficas y, finalmente, se consideró despedida. Durante el juicio, los empleadores negaron la existencia de una relación laboral, pero las pruebas documentales y testimonios de vecinos, excolaboradores y otros testigos confirmaron lo contrario.
Incluso se mencionó que la trabajadora realizaba tareas domésticas, cuidaba la vivienda, y atendía a las mascotas, entre ellas una mona que pertenecía a la familia.
La Cámara del Trabajo de Viedma consideró que los empleadores incurrieron en una "injuria grave" al no registrar la relación laboral ni abonar las indemnizaciones. Este acto justificó el despido indirecto.
El fallo incluyó el pago de diferencias salariales, indemnizaciones por despido, horas extras y multas establecidas por la ley para el personal de casas particulares. Además, se aplicaron intereses y se duplicaron algunos montos indemnizatorios.