La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ratificó en todos sus términos un amparo a favor del Gobierno de Río Negro, obligando al Estado Nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, a ejecutar de inmediato obras de bacheo, señalización y mantenimiento básico en una ruta fundamental para la conectividad andina.
El fallo, que sienta un precedente relevante, da la razón a la Provincia, que denunció el estado de deterioro de la vía por el "abandono de las rutas por parte del Estado Nacional" durante años.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, destacó la importancia del fallo que "ratifica todo lo que venimos diciendo respecto del abandono de las rutas por parte del Estado Nacional".
El mandatario criticó que desde Buenos Aires "quisieron hacernos creer que con un poco de bacheo estaban solucionando el problema", pero remarcó que la realidad es que el estado de la ruta "era y sigue siendo un peligro transitar".
"Lamentablemente, ante la falta de respuestas oficiales, Río Negro tuvo que recurrir a la Justicia, que finalmente nos dio la razón. No queremos más excusas ni falsas promesas, queremos que hagan lo que tienen que hacer. Queremos rutas seguras para nuestra gente”, enfatizó Weretilneck.
La demanda fue presentada en marzo de 2022 por la Fiscalía de Estado provincial ante el Juzgado Federal de Bariloche, reclamando el cumplimiento de los deberes legales y constitucionales de Vialidad Nacional.
Tras un fallo de primera instancia favorable, el Estado Nacional apeló, pero la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ratificó la sentencia. El tribunal reconoció la legitimación activa de la Provincia para accionar en defensa de derechos fundamentales como la vida, la salud y la seguridad vial de sus habitantes.
Desde la Fiscalía se valoró que el pronunciamiento judicial haya "puesto en evidencia la inacción del organismo nacional durante años", y que se reconozca que el interés público provincial puede ser resguardado incluso frente a incumplimientos del propio Estado Nacional. "Cuando se trata de proteger la vida y la seguridad de miles de rionegrinos, la Provincia tiene no solo el derecho, sino el deber de actuar”, concluyó el organismo.
T.B