La Confederación General del Trabajo (CGT) avanza en el análisis legal de la reforma laboral presentada por el Gobierno nacional y no descarta recurrir a la Justicia en caso de que el texto sea sancionado sin cambios por el Congreso. Así lo manifestó el cotitular de la central sindical, Jorge Sola.
El dirigente advirtió que, de prosperar el proyecto tal como fue enviado al Parlamento, el Ejecutivo enfrentará un nuevo frente judicial. Al mismo tiempo, señaló que la CGT buscará intensificar las conversaciones con senadores de distintos bloques para introducir modificaciones en aquellos artículos que consideran perjudiciales tanto para los trabajadores como para la estructura sindical.
Mientras se desarrollan esas gestiones políticas, el equipo jurídico de la central obrera ya inició un estudio exhaustivo del contenido de la reforma con el objetivo de definir la estrategia legal a seguir. Se trata del mismo grupo de abogados que a fines de 2023 logró que la Justicia declarara inconstitucional el capítulo laboral del DNU 70, tras una presentación realizada por la CGT.
Entre los puntos más cuestionados figura el artículo 88, que regula el ejercicio del derecho de huelga en sectores como el transporte, la educación y la salud. El texto establece niveles mínimos de funcionamiento durante las medidas de fuerza: un 75% de actividad en los servicios considerados esenciales y un 50% en aquellos catalogados como trascendentales.
Desde la central sindical sostienen que esa reglamentación es más restrictiva que lo permitido por los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y recuerdan que una disposición similar ya fue objetada por la Justicia en el marco del DNU 70.
Las críticas no provienen únicamente del ámbito sindical. Especialistas en derecho laboral y referentes del arco político también advirtieron que la redacción de algunos artículos podría derivar en una mayor judicialización de la reforma. En ese sentido, señalaron que ciertos puntos del proyecto generan ambigüedades e incertidumbre tanto para los trabajadores como para los empleadores, lo que podría complicar su aplicación práctica.
R.G.