El juicio oral y público por los disturbios registrados el 16 de diciembre de 2021 en edificios públicos de la capital provincial entra en su tramo final.
Ocho personas —todas con domicilio en Rawson— enfrentan cargos por los daños ocasionados durante las masivas movilizaciones populares en rechazo a la ley de zonificación minera aprobada por la Legislatura de Chubut en una polémica sesión nocturna, que generó un estallido social.
La fiscal general Florencia Gómez, a cargo de la acusación, aseguró que las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal permitieron acreditar la participación de los imputados, en su mayoría jóvenes. Las penas solicitadas por la Fiscalía van desde el año y ocho meses hasta los seis años de prisión.
Contexto: una provincia en llamas
Los hechos ocurrieron en un clima de altísima tensión social. La Legislatura de Chubut había aprobado, de forma sorpresiva y con escaso debate público, la Ley XVII N°149, que habilitaba la megaminería en determinadas zonas de la provincia.
La respuesta fue inmediata: miles de personas salieron a las calles en distintas localidades para exigir su derogación. En Rawson, la protesta fue particularmente intensa y derivó en disturbios frente a la Casa de Gobierno, la Legislatura y otros edificios oficiales.
Días después, el propio gobernador Mariano Arcioni derogó la norma, presionado por el masivo rechazo popular que incluyó cortes de ruta, marchas multitudinarias y una fuerte reacción en redes sociales. Sin embargo, la causa penal contra quienes participaron de las protestas más álgidas continuó su curso.
La acusación y los imputados
Entre los imputados se encuentra Mauricio Vargas, a quien la Fiscalía considera el más comprometido penalmente. Se lo acusa de haber participado activamente en la generación de un incendio dentro del edificio de la Procuración General, además de haberse llevado elementos de una oficina pública. Por estos hechos, la fiscal general Florencia Gómez solicitó una pena de seis años de prisión. Vargas es asistido por el defensor público Miguel Moyano, quien cuestionó las pruebas en su contra y señaló que “no estuvo en el lugar de los hechos”.
Otro de los imputados es Lautaro Martínez, conocido con el alias “El Terri”. Según la acusación, ingresó al edificio del Superior Tribunal de Justicia, provocó daños y se llevó una luminaria de emergencia. La Fiscalía pidió para él una pena de cuatro años de prisión.
Damián Díaz está acusado de dañar una persiana del Superior Tribunal con la ayuda de otra persona. En su caso, se solicitó una pena de un año y ocho meses de prisión.
G.V., quien al momento de los hechos era menor de edad, fue imputado por daño y hurto agravados. Se lo acusa de arrojar piedras al edificio judicial y sustraer un matafuego. La Fiscalía solicitó cuatro años de prisión.
Nicolás Díaz está imputado por el hurto de un bidón de agua de un dispenser. Con antecedentes penales, la Fiscalía pidió tres años de prisión.
Brian Díaz, en tanto, fue acusado de provocar daños en el Superior Tribunal de Justicia y la Fiscalía de Rawson. En su caso, el pedido de pena fue de tres años y ocho meses de prisión.
Lucas Espinoza enfrenta cargos por daño agravado tras haber arrojado elementos contra un vehículo oficial del área de Finanzas de la Policía. La Fiscalía solicitó una pena de un año y ocho meses de prisión.
Finalmente, Lurdes Ariadna Nicole Molina Leguiza fue imputada por daño agravado, tras romper una persiana del edificio de la Procuración General. Las pruebas en su contra incluyen registros fílmicos y comparaciones scopométricas. La fiscalía pidió para ella dos años de prisión en suspenso.
El juicio continúa esta semana con los alegatos finales de las defensas y se espera una resolución en los próximos días.
O.P