Miguel Alejandro Vargas, condenado por el femicidio de Ana Calfín, fue detenido en una pequeña localidad del sur de Chile, luego de un operativo internacional coordinado por la Brigada de Investigaciones de Esquel, con colaboración de Interpol, el Gobierno chileno y la Cancillería Argentina.
El hombre se encontraba prófugo desde el 15 de abril, cuando violó la prisión domiciliaria que cumplía tras ser declarado culpable por un jurado popular.
La investigación determinó que Vargas había cruzado la frontera y se ocultaba cerca del límite geográfico entre Argentina y Chile. Con esa información, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Chubut elevó pedidos de allanamiento y captura a través de los canales diplomáticos, que derivaron en su localización y detención en tiempo récord.
Mientras se avanza en los trámites de extradición, Vargas permanece bajo custodia en Chile, a la espera de ser trasladado a Chubut para continuar con el proceso judicial.
Un prófugo con antecedentes de violencia
Vargas había sido hallado culpable del asesinato de Ana Calfín el 11 de abril. Sin embargo, permanecía en prisión domiciliaria, por decisión de un juez penal, y debía presentarse cuatro días después a la audiencia de cesura de pena. Nunca llegó: ese mismo día se fugó, desatando críticas a la Justicia y un operativo de búsqueda que incluyó alertas internacionales.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó un amplio historial de violencia de género, incluyendo violencia física, económica, psicológica, y control sobre la víctima, hasta llegar al crimen que motivó la condena.
Torres: “En Chubut, donde hay un delito, hay consecuencias”
El gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó el operativo y elogió especialmente el rol de la Brigada de Investigaciones de Esquel, que logró reconstruir el paradero del prófugo y activar la red internacional para su captura.
“En tiempo récord y con colaboración internacional, se concretó la detención de Miguel Vargas, prófugo de la Justicia de nuestra provincia tras haber sido declarado culpable por un brutal crimen”, afirmó Torres.
Además, cuestionó duramente la decisión judicial que permitió que el condenado esperara la sentencia en libertad:
“La seguridad de los chubutenses es nuestra prioridad y no vamos a permitir que decisiones judiciales arbitrarias pongan en riesgo a toda la sociedad. En Chubut, donde hay un delito, hay consecuencias”, sentenció.
O.P