Un hombre que compró un auto cero kilómetro en Capital Federal inició su viaje rumbo a Roca y a los pocos kilómetros empezó a notar problemas graves en el vehículo. El ruido en el tren delantero fue solo el principio de una serie de fallas que derivaron en una demanda judicial contra Peugeot Citroën Argentina y la concesionaria DMX2, que terminó con un fallo a favor del consumidor.
Problemas desde el inicio
El vehículo, recién comprado, presentó desde los primeros 200 kilómetros un ruido en el tren delantero. El conductor, con mucha precaución, logró llegar al servicio oficial en Roca, donde le informaron que un chapón estaba suelto y procedieron a repararlo. Sin embargo, las complicaciones no terminaron ahí.
Posteriormente, se detectaron múltiples defectos: ruidos anormales en los amortiguadores, zumbidos en las puertas, desajustes en la calefacción y en el sistema de posicionamiento global (GPS), además de fallas en la cámara trasera, la cadena de distribución, bujías de mala calidad y problemas en el tensor de la bomba de agua.
Pericia mecánica
Una pericia mecánica ordenada por la justicia determinó que el auto presentaba daños compatibles con un fuerte golpe, común en vehículos que se dañan al caer desde el flete, ya sea en la terminal automotriz o en la agencia de venta. Estos vicios ocultos afectaron la seguridad y el funcionamiento del vehículo, poniendo en riesgo al conductor.
La concesionaria y fabricante rechazaron las acusaciones
Peugeot Citroën Argentina y la concesionaria DMX2 negaron que el auto tuviera defectos de fábrica. Argumentaron que el vehículo estaba fuera de garantía y que no se había probado la calidad de consumidor. Sin embargo, el juzgado rechazó estas defensas y reconoció que el vehículo fue vendido con fallas ocultas y que las reparaciones realizadas fueron insuficientes.
La justicia condenó a pagar más de 11 millones de pesos por daños
El fallo del fuero Civil de Roca ordenó a las empresas demandadas abonar al comprador el precio actual del vehículo más una indemnización por daños que asciende a 11,5 millones de pesos.
Además, se remarcó que las empresas incumplieron con el deber de brindar un trato digno y responsable al consumidor.
O.P