Los fiscales del juicio oral, Diego Luciani y Sergio Mola, rechazaron hoy el pedido de Cristina Kirchner para cumplir la pena de 6 años de prisión en su casa del barrio de Constitución. Ahora, la solicitud quedó en manos del juez Jorge Gorini que junto a sus colegas del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) deberá definir la suerte de la expresidenta. Se espera una definición para hoy mismo, según las fuentes judiciales consultadas por LA NACION.
“No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria”, dijeron los fiscales. “En particular, no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, argumentaron Luciani y Mola.
Además, los fiscales pidieron que, en caso de que el juez rechace su dictamen, que no es vinculante, la expresidenta sí utilice una tobillera electrónica, a contramano del pedido de su abogado defensor, Alberto Beraldi, que dijo que ese monitoreo era “innecesario”. En esa línea, los fiscales desecharon que el uso de la tobillera sea una “dilapidación de los escasos recursos” del Estado, tal como argumentó Beraldi en un escrito.
Los representantes del Ministerio Público apoyaron su postura en el artículo 10 del Código Penal que dice que los jueces “podrán” conceder el beneficio cuando el condenado supere los 70 años de edad, por lo que no están necesariamente obligados a otorgarla.
También mencionaron fallos de la Cámara de Casación en ese sentido y el resultado del estudio socioambiental ordenado por el juez Gorini para saber si el domicilio elegido por la expresidenta -sobre la calle San José en el barrio de Constitución- cumple con los requisitos para poder transitar allí la pena. Cristina Kirchner dijo allí encontrarse en un buen estado de salud en general, aseguran los fiscales.
“En suma, la ejecución de la pena bajo el régimen domiciliario. En primer lugar, constituye una excepción al cumplimiento de la pena privativa de libertad en prisión. En segundo lugar, no debe ser admitida automáticamente por la mera circunstancia de que la persona condenada se encuentre comprendida dentro de uno de los supuestos previstos en las disposiciones citadas”, afirmaron los fiscales.
Fuente: La Nación