El viento frío de septiembre sopla fuerte en el paraje Media Luna, en el departamento Catán Lil, una zona del centro de la provincia de Neuquén que arrastra hace dos meses un conflicto mapuche con la comunidad Rams, y los integrantes de una familia de estancieros de Francia, los Cartier-Million.
"Vivimos como si estuviéramos dentro de un corral con alambre en nuestras tierras", dijo a Julia Yañez, segunda lonco de la comunidad, que desde hace meses reclaman que hubo un "recorte de tierras" en el relevamiento realizado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El lof Rams vive en un rincón aislado del centro de la provincia, cerca de Las Coloradas, a 130 kilómetros de Zapala. Para llegar, hay que transitar la Ruta Nacional 40 durante 92 kilómetros y luego desviarse otros 30 hacia el paraje. “No tenemos nada, ni caminos como la gente”, resumió Yañez.
El organismo nacional -que conduce Claudio Avruj- determinó que algunas parcelas que ocupa esa comunidad se superponían con derechos de sucesión de un particular fallecido en 2023. Y que el procedimiento inicial del relevamiento había excedido los límites establecidos, algo que afectó los derechos del peticionarte. Esto trajo una reducción de las tierras reclamadas por los mapuches, y un conflicto en puerta.
Todo estalló el miércoles de la semana pasada, cuando a plena luz del día y frente a la policía de Las Coloradas, un puestero de la estancia Los Álamos, identificado como Roberto Sepúlveda, según la denuncia de comunidad Rams, intentó rodear con su lazo a un miembro de la comunidad, como si fuese un animal.
Según la denuncia, arremetió con su caballo contra varias personas y golpeó a la lonco Liliana Rams, a la que le habría dejado lesiones que quedaron asentadas en un certificado médico.
El hecho no quedó en el anonimato, ya que la comunidad radicó una denuncia formal en la Fiscalía de Zapala y acusó Sepúlveda por “graves hechos de violencia, amenazas de muerte, lesiones físicas, hostigamiento constante y violación reiterada de la medida cautelar de no innovar”.
La medida judicial está vigente hace meses, como si fuese una perimetral" y debería garantizar la paz en la zona mientras se resuelve la disputa por las tierras. Pero, según los Rams, no se cumple y el conflicto empieza a tomar otra dimensión.
Lo que más indignó de ese día, según contaron, fue la presencia policial. Efectivos de la Comisaría Nº 31 de Las Coloradas harían presenciado el ataque y, en lugar de intervenir, se retiraron del lugar. “Nos dejaron en total estado de indefensión”, expresó la comunidad en un comunicado público.