El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, se expresó este martes a través de su cuenta de X para hacer conocer su firme postura contra “el auto-aumento que de manera discrecional” se otorgó la cúpula del Poder Judicial santacruceño, ya que ahora cada uno de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) percibirá un salario mensual de 24 millones de pesos. El hecho provocó una reacción contraria en las redes.
Asimismo, Vidal volvió a exteriorizar el enfrentamiento político e institucional que mantiene con cuatro de los referentes del cuerpo colegiado, manifestando que “durante 30 años fueron cómplices del saqueo y hoy están atrincherados en privilegios”.
En ese contexto, cuestionó la idoneidad y legitimidad de los cargos que ocupan, lo que lo llevó a señalar que “esto no es Justicia; es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”.
Vale señalar que la decisión de aumentar los salarios quedó formalizada mediante una resolución firmada por los vocales Renée Fernández, Fernando Basanta, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña. La misma no fue avalada por el quinto integrante, Daniel Mariani, mientras no intervinieron los cuatro nuevos miembros designados que elevarían a nueve el total de jueces de la Corte provincial. Esto ocurre porque el 18 de diciembre Fernández, Basanta, Mercau y Ludueña declararon inconstitucional la ley por la que se aprobó la ampliación del TSJ, instancia que ahora debe resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora, con la nueva normativa, el TSJ no solo consolidó los incrementos ya otorgados durante 2025, sino que además fijó aumentos anticipados hasta octubre de 2026 que se extienden a magistrados y otros funcionarios del Poder Judicial, sin considerar cuál será la inflación futura.
En los fundamentos, los cuatro magistrados nombrados argumentan que la medida responde a un criterio de “equidad” y de “razonabilidad”, resaltando que los sueldos de los jueces de Santa Cruz “no pueden alejarse de forma grosera” de las remuneraciones que perciben magistrados de otras jurisdicciones provinciales y del orden federal.