El Gobierno nacional volvió a enviar al Congreso el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil y busca que sea tratado de forma exprés en la Cámara de Diputados. La iniciativa, que ya había sido presentada el año pasado, propone reducir la edad de imputabilidad, hoy fijada en 16 años.
El texto original plantea bajarla a 13 años para delitos graves, aunque desde bloques como el PRO y la UCR anticiparon que el consenso parlamentario se ubica en los 14 años, modificación que podría incorporarse en el dictamen previsto para el miércoles.
Uno de los puntos centrales del debate es el financiamiento. A diferencia de la versión anterior, el proyecto incorpora una partida específica de más de $23.700 millones para su implementación, destinada al Ministerio de Justicia y la Defensoría General de la Nación.
La reforma establece un régimen penal diferenciado para adolescentes, con penas que podrían llegar hasta los 20 años de prisión en su versión original, aunque el Congreso ya había discutido la posibilidad de reducir el máximo a 15 años y priorizar sanciones alternativas, dejando la privación de la libertad como último recurso.
Además, se prevé la creación de institutos especiales para menores condenados, con personal capacitado y garantías de acceso a educación, salud y asistencia social, junto con un refuerzo de los derechos de los adolescentes y de las víctimas.
Según el cronograma oficial, el oficialismo apunta a dictaminar el proyecto este miércoles en comisiones y llevarlo al recinto el jueves 12 de febrero.
R.G.