El concejal de Trelew por el partido municipal Somos Trelew, Juan Aguilar, realizó una serie de cuestionamientos vinculados a la reciente crisis por la falta de agua potable en la ciudad y al proceso de designación del nuevo interventor de la cooperativa eléctrica.
En relación al corte del suministro, Aguilar sostuvo que el plazo informado inicialmente no coincidió con lo ocurrido. “El plazo fue mucho mayor, duró más de una semana”, afirmó, y consideró que hubo una evaluación errónea de la situación. “Creo que ahí hubo un error en ser tan optimista con el inicio de este problema, porque muchos vecinos ajustaron sus reservas de agua”, explicó.
Según el edil, esa subestimación generó confusión entre los vecinos. “Con los hechos consumados, es obvio que hubo una subestimación del problema, que llevó a muchos vecinos a la confusión”, indicó, y agregó que, superada la emergencia, es necesario revisar otras decisiones adoptadas durante la crisis.
Aguilar también se refirió al cambio en la intervención de la cooperativa, dispuesto por la Justicia Federal. Señaló que el interventor saliente “se fue sin hacer ninguna gestión, excepto dos cosas muy claras”, entre ellas “lograr un ajuste tarifario feroz, con el consentimiento del intendente”, y, en segundo lugar, advirtió sobre un fuerte deterioro en la relación institucional. “La relación entre la municipalidad y el Consejo Deliberante con la cooperativa nunca tuvo ese nivel de deterioro”, sostuvo.
En cuanto a la nueva designación, Aguilar planteó dudas sobre el procedimiento administrativo y una posible incompatibilidad de funciones. “Hay una clara incompatibilidad entre su rol de controlador de la cooperativa y su rol de director del organismo regulador”, señaló, y remarcó que esa situación “lo dice la Carta Orgánica Municipal”.
En ese marco, Aguilar aclaró que sus planteos no apuntan a denunciar hechos de corrupción, sino a advertir sobre una posible incompatibilidad funcional. “No quisiera hablar de corrupción, pero sí hablo de incompatibilidad”, sostuvo.
Finalmente, advirtió que el escenario actual podría derivar en conflictos legales e institucionales. “La situación genera mucho ruido institucional, mucho ruido legal”, afirmó, y concluyó que “todos los actores institucionales deben plantear su posición respecto a esto”.
R.G.